
La derrota de los populares en la votación sobre el cierre nuclear que lograron llevar al Congreso tuvo una parte positiva, según la optimista lectura que hicieron desde Génova. Entre los diputados socialistas que festejaron que no saliera la enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible que borraba del BOE las fechas de cierre de Almaraz, Cofrentes y Ascó estaban también los diputados extremeños. Su jolgorio tras evitar una derrota casi segura cae sin embargo como una bomba en la campaña extremeña, donde el PSOE está alineado en este asunto con el PP de María Guardiola y reclama que la central nuclear de Almaraz, que da trabajo a más de 4.000 personas, no se cierre en los plazos previstos.
El candidato, Miguel Ángel Gallardo, que será juzgado en febrero junto al hermano de Pedro Sánchez por el polémico cargo en la Diputación de Badajoz, tuvo que apagar este nuevo fuego. En una entrevista en Radio Nacional de España, trató de justificar la posición de sus colegas de Madrid, que periódicamente votan contra la nuclear mientras el partido en la región defiende la continuidad.
Preguntado por el periodista, Gallardo defendió que sus compañeros "no han votado contra la central nuclear, sino contra la demagogia", palabra que tuvo grandes dificultades en pronunciar evidenciando lo incómodo de la cuestión. "Le cuesta hablar o le cuesta mentir", interpretó Cayetana Álvarez de Toledo.
Le cuesta hablar o le cuesta mentir. https://t.co/Gd2OjVFAw4 pic.twitter.com/DRyLSXLXiP
— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 14, 2025
"Han votado hoy contra la demagogia del PP, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad, que Almaraz se va a cerrar", dijo el socialista, que defendió que la central no se apagará. Esto, sin embargo, aún está por ver: las empresas ya han solicitado seguir hasta junio de 2030 pero el Gobierno central sigue sin desvelar qué hará. En plena precampaña extremeña, desde Moncloa han suavizado el tono con las nucleares pero se resisten a revelar si habrá prórroga o no, una decisión que deberán adoptar tras el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, al que el Ministerio aún tiene que enviar la petición de las eléctricas.

