España vuelve a destacar donde menos conviene: en el podio de los países que más castigan el empleo. La cuña fiscal —la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente llega al bolsillo del trabajador— ha rozado en 2024 el 41%, seis puntos por encima de la media de la OCDE. Con esta cifra, España se consolida entre los quince Estados que imponen una mayor carga laboral… pese a que llevamos treinta años con la renta per cápita estancada, hoy apenas en el 87% de la media europea. Un modelo agotado en el que las empresas pagan como si fuéramos un país rico, pero los salarios se comportan como si aún estuviéramos saliendo de una crisis permanente.
El empleo se ha convertido en la gran mina recaudatoria del Estado: uno de cada tres euros fiscales nace del trabajo, en un contexto donde las cotizaciones sociales figuran entre las más altas de Europa. La base mínima de cotización ha subido un 75% desde 2015 y la máxima, un 34%. Y la factura no deja de crecer: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional seguirá encareciendo el empleo hasta 2029. Mientras tanto, el coste laboral medio supera ya los 3.256 euros por trabajador, con 840 destinados a "otros costes", fundamentalmente impuestos y cotizaciones.
A esta presión creciente se suma un deterioro silencioso pero devastador: los salarios reales no han recuperado el golpe inflacionario de 2021-2023. Con subidas de apenas el 2-2,5%, el poder adquisitivo continúa lastrado, frenando el consumo y estrechando los márgenes empresariales.
Y, por si fuera poco, la brecha salarial con el sector público se dispara. El Banco de España acaba de confirmar que España es la segunda economía de la zona euro con mayor diferencia salarial entre empleados públicos y privados: un 25% de media, que llega al 29% en trabajos de menor cualificación. Una anomalía que se agrava si se recuerda que España es uno de los países que más gasta en sueldos públicos en relación con sus costes de producción, con alrededor de tres millones de funcionarios.
Todo ello ocurre en un país donde la productividad crece un pobre 1,7% anual, muy por debajo del aumento de los costes laborales unitarios. El resultado es el previsible: más presión fiscal, menos competitividad y un mercado laboral incapaz de generar empleo estable y salarios dignos.
Los expertos coinciden: sin una reforma fiscal y laboral que simplifique cotizaciones, incentive la productividad y reduzca la brecha entre lo público y lo privado, España seguirá atrapada en su propio círculo vicioso. Y la factura, una vez más, recaerá sobre quienes trabajan.