Que la OCDE ponga cifras a la inviabilidad futura del sistema de pensiones español ya no sorprende. Lo verdaderamente significativo es que incluso El País, diario históricamente alineado con el discurso económico del Gobierno, reconoce ahora que la arquitectura actual es insostenible. El diario admite lo que el Ejecutivo lleva años negando: que la factura de las pensiones, lejos de estar "blindada", se encamina hacia niveles que ningún país desarrollado puede asumir sin sacrificar crecimiento, competitividad y equidad intergeneracional.
Los datos son demoledores. Para 2050, España será el país de la OCDE que más porcentaje del PIB destine a pensiones: un 17,3%, casi cuatro puntos más que hoy y muy por encima del 10% de media. No es un pronóstico apocalíptico; es pura aritmética demográfica. Con una esperanza de vida entre las más altas del mundo y una natalidad desplomada, tendremos tres jubilados por cada cuatro personas en edad de trabajar. Y los trabajadores, además, serán más precarios y peor remunerados. La tormenta perfecta.
La paradoja es evidente: se mantiene una de las tasas de sustitución más generosas del mundo —el 80% del salario previo, frente al 63% de la OCDE— mientras se estrecha la base de cotizantes y se disparan las obligaciones del Estado. Es un modelo concebido para un país que ya no existe. Pese a ello, el Gobierno insiste en que no hacen falta más reformas. Confía en el crecimiento, en la inmigración y en un puñado de cambios paramétricos que ni la OCDE, ni la AIReF ni la Comisión Europea consideran suficientes.
Todos los organismos coinciden en que, sin medidas adicionales, la sostenibilidad exigirá mayores transferencias del Estado. Y cada euro extra destinado a tapar el agujero de las pensiones será un euro menos para educación, inversión productiva o sanidad. Pero el coste no es solo presupuestario: es generacional. España alimenta una creciente frustración entre los jóvenes, atrapados en sueldos bajos, alquileres prohibitivos y una presión fiscal creciente que financia un sistema del que difícilmente se beneficiarán. El País lo reconoce: la desafección democrática tiene raíces económicas.
La conclusión es tan incómoda como inexorable: sin reformas valientes —más edad efectiva de jubilación, más incentivos al ahorro individual y menos populismo presupuestario— el sistema colapsará. Y cuando hasta el altavoz mediático del Gobierno lo admite, quizá sea hora de que el Ejecutivo abandone la propaganda y mire a la realidad de frente.