La política económica del Gobierno de Pedro Sánchez parece haber entrado en una fase de huida hacia adelante, caracterizada por un gasto público expansivo sin precedentes y una voracidad recaudatoria que amenaza con gripar el motor de la economía española. Mientras los titulares oficiales celebran el "escudo social", la realidad subyacente revela un mal endémico que se agrava con cada nueva medida intervencionista: el estancamiento de la productividad.
Lejos de fomentar un entorno donde florezca la creación de riqueza, el Ejecutivo ha optado por un modelo de redistribución infinita. Como bien señala el análisis de la situación actual, el sector público, guiado por una mano intervencionista, no cesa en la adopción de medidas de gasto. Sin embargo, se olvida una premisa económica fundamental: nada es gratis. Cada promesa de gasto, cada subvención y cada "cheque" electoral tiene una contrapartida ineludible: o una subida de impuestos inmediata o un impedimento para bajarlos, drenando así la renta disponible de familias y empresas.
El castigo al esfuerzo y la prudencia
El sistema tributario actual ha dejado de ser una herramienta de solidaridad para convertirse en un mecanismo de desincentivo. La Constitución exige progresividad, sí, pero lo que sufrimos hoy es una progresividad abusiva que roza la confiscación.
Los datos son demoledores y exponen la injusticia aritmética del sistema: bajo los parámetros actuales, un ciudadano que gana diez veces más que otro no aporta diez veces más a la caja común, ni siquiera quince; aporta más de 33 veces más. Esta desproporción rompe cualquier lógica de equidad y lanza un mensaje letal al tejido productivo: el esfuerzo, el talento y el éxito se penalizan.
Más grave aún es la distorsión moral que introduce este intervencionismo. El gobierno premia sistemáticamente la imprudencia financiera —rescatando a quienes asumieron riesgos excesivos, como hipotecas a tipo variable sin margen de seguridad— con el dinero de los contribuyentes que fueron prudentes y conservadores. El resultado es un desincentivo claro a la responsabilidad individual: ¿Para qué ser prudente o esforzarse si el Estado, vía impuestos al vecino, cubrirá mis errores?
Productividad estancada y destrucción de la clase media
Este esquema de "impuestos y más impuestos" tiene una víctima directa: la productividad. Una economía no puede ser más productiva si el capital se detrae de la inversión eficiente para financiar gasto corriente político y si el talento se ve asfixiado por tipos marginales desorbitados.
El resultado de esta ecuación es la erosión sistemática de la clase media, la base de la prosperidad de cualquier nación moderna. La estrategia de Sánchez, basada en el subsidio permanente, no eleva a los vulnerables; iguala a todos por abajo. Estamos transitando peligrosamente hacia una sociedad subvencionada, dependiente del favor político y con un sector privado cada vez más raquítico, incapaz de generar el valor añadido necesario para competir en un mundo global.
Conclusión
Es urgente un cambio de rumbo. La redistribución no puede implicar que, tras el paso de Hacienda, quien más aporta quede en una posición relativa precaria frente a quien recibe. Necesitamos una política que deje de ver al contribuyente como un cajero automático inagotable y empiece a atacar el verdadero problema de España: la falta de productividad. Seguir por la senda del gasto desmedido y la asfixia fiscal solo nos garantiza una cosa: un país más igualitario, pero infinitamente más pobre.