España se afianza como uno de los países con mayor incertidumbre fiscal del mundo desarrollado. Esta semana, un nuevo y contundente informe de Foro Regulación Inteligente ha puesto cifras a una realidad cada vez más palpable: la inseguridad jurídica se ha consolidado como un problema estructural en nuestro sistema tributario. El estudio no solo lo constata, sino que nos sitúa en una posición alarmante: el segundo peor valorado de toda la OCDE en seguridad jurídica tributaria, solo superado por Grecia.
El indicador sintético elaborado por la entidad otorga a España apenas 5,47 puntos sobre 10. Una puntuación que nos relega al puesto 29 de 30 países evaluados y nos aleja de las economías con sistemas fiscales más estables, como Estonia, Lituania o Nueva Zelanda. Este demoledor ranking refleja el desequilibrio de poder entre la Agencia Tributaria y los ciudadanos españoles, una relación asimétrica que genera desconfianza y erosiona la certidumbre en las reglas del juego.
La creciente presión fiscal, con cerca de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones aprobadas bajo el actual Gobierno, se combina con una normativa compleja y en constante cambio. Pero el foco de la crítica es el modelo de incentivos para los inspectores: unos bonus ligados a la recaudación que no se ajustan incluso si el contribuyente gana en los tribunales. Esto alimenta la litigiosidad y multiplica la incertidumbre, como demuestra la elevada conflictividad fiscal: solo entre 2014 y 2023 se acumularon 2,1 millones de reclamaciones, con 877.000 resoluciones contrarias a Hacienda. En tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, el porcentaje de fallos favorables al ciudadano supera holgadamente el 50%.
El caso de la polémica Ley Beckham es paradigmático. Un régimen ideado para atraer talento internacional se ha convertido en un foco de disputas legales, con la propia Agencia Tributaria cuestionando retroactivamente certificados emitidos por ella misma. Además, el atractivo fiscal de este régimen palidece en comparación con nuestros vecinos, ofreciendo un ahorro medio para el beneficiario de unos 13.600 euros anuales, frente a los 30.000 en Portugal o los más de 120.000 en Italia o Grecia.
En definitiva, la conclusión de Foro Regulación Inteligente es clara y actúa como una seria advertencia: esta situación "penaliza la actividad económica, mina la confianza de los contribuyentes y reduce la capacidad de España para competir en la captación de talento y capital". Es imperativo un cambio de rumbo que devuelva la estabilidad y la confianza a nuestro sistema tributario, dejando de castigar la certeza y la actividad económica.