La inmigración está creciendo con fuerza en España. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 1 de octubre de 2025, nuestro país roza ya los 49,4 millones de habitantes, de los cuales 9,8 millones nacieron en el extranjero. Esta cifra supone 2,5 millones más que a finales de 2021, una cifra que muestra la magnitud del flujo migratorio reciente.
Pero este aumento no ha ido acompañado de una integración laboral igual de dinámica. De hecho, la inmigración se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los españoles desde septiembre de 2024, según el CIS. En el barómetro de noviembre, casi un 19 % señalaba este asunto como el principal problema del país, solo por detrás de la vivienda (40 %) y por delante de los conflictos políticos (19,2 %).
Los datos del mercado laboral confirman esa dificultad creciente. La tasa de paro entre extranjeros asciende al 18,2 %, muy por encima del 11,6 % anotado por la población autóctona. Esa diferencia implica una pérdida de 5.100 millones de euros en salarios potenciales. Más preocupante aún es la evolución de la actividad laboral. Desde 2023, la tasa de actividad de los españoles (80,2 %) supera por primera vez a la de los extranjeros, que ha caído del 84 % al 79 %, su nivel más bajo en veinte años.
Este deterioro coincide con un punto clave para la aceptación social de la inmigración: su contribución económica. En un contexto de tensiones laborales y regulación creciente, una integración lenta y dificultosa actúa como combustible político.
Sondeando a trabajadores y empresarios
Con este telón de fondo, el think tank Foro Regulación Inteligente (FRI) ha realizado una encuesta pionera sobre inmigración e inclusión laboral. El sondeo, dirigido a empresarios, autónomos y trabajadores extranjeros, ofrece una fotografía detallada de los obstáculos que impiden un encaje más fluido entre oferta y demanda de empleo.
El primer dato que arroja la encuesta es contundente: el 57,2 % de los inmigrantes considera "difícil" o "muy difícil" acceder a un empleo. ¿Por qué? Los factores se solapan, pero las respuestas más repetidas fueron la falta de permisos (21,6%), la desconfianza (20,4%), la falta de redes personales (20,2%), el idioma (19,8%) y la burocracia (66,8%). La dimensión administrativa es particularmente relevante: dos de cada tres inmigrantes (66,8 %) dicen haber sufrido problemas burocráticos a la hora de encontrar trabajo.
En cuanto al ambiente laboral, las noticias son razonablemente positivas, puesto que el 83,8 % cree que recibe un trato justo y el 60 % percibe a las empresas como abiertas a contratar extranjeros. Aun así, uno de cada tres encuestados ha experimentado algún tipo de discriminación en el trabajo.
La visión empresarial confirma el mismo patrón. El 87 % de los empleadores valora positivamente el desempeño de los trabajadores extranjeros, pero el 63% denuncia los problemas para contratar a estos profesionales por motivos de índole administrativo. Oferta y demanda quieren encontrarse, pero la burocracia lo dificulta. En uno de cada cinco casos, los problemas para la validación de títulos académicos y licencias profesionales se convierte en un obstáculo formal para el empleo. De hecho, esta es la principal reforma que reclaman los empleadores (25%), seguida de la simplificación de trámites de extranjería y contratación (22%) y la introducción de incentivos fiscales (21%).
Para FRI, el diagnóstico es claro: "El problema no es la voluntad de contratar e integrar, sino la complejidad del proceso. España ha recibido 2,5 millones de inmigrantes en menos de cuatro años. Pero, si dos tercios de ellos encuentran barreras para trabajar y tres de cada cuatro empresas consideran que la ley dificulta contratarlos, el resultado es inevitable: una integración más lenta, una economía menos dinámica y un clima político más tenso".