El reciente acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya, que según las propias declaraciones de sus protagonistas supondrá unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, no es un mero ajuste técnico del sistema de financiación autonómica. Es, en realidad, un cambio de naturaleza del modelo territorial español, con profundas implicaciones económicas, constitucionales y sociales que van mucho más allá del titular político coyuntural.
España se organiza, en materia de financiación autonómica, en dos grandes bloques: el régimen foral (País Vasco y Navarra) y el régimen común, en el que se integran el resto de comunidades autónomas. Esta distinción no es accidental, sino que responde a un equilibrio constitucional explícito, recogido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución española. El acuerdo con ERC rompe ese equilibrio sin reforma constitucional alguna, al extraer de facto a Cataluña del régimen común, otorgándole un trato singular en recursos, capacidad financiera y posición relativa frente al resto de comunidades. No estamos ante una mejora dentro del sistema, sino ante una mutación del sistema por la vía de los hechos, al margen del consenso territorial y del marco constitucional. La Constitución española es clara en su artículo 138: el Estado debe garantizar la solidaridad interterritorial, evitando privilegios económicos entre comunidades autónomas. El acuerdo Sánchez–Junqueras va exactamente en la dirección contraria.
Si una comunidad con una elevada capacidad fiscal recibe 4.700 millones adicionales sin que ese incremento esté ligado a mayores responsabilidades, ajustes equivalentes o mecanismos de compensación para las regiones menos favorecidas, el resultado es evidente: menos recursos para las comunidades más pobres y mayor desigualdad territorial. Es el primer paso para terminar otorgándoles un sistema fiscal propio, que quebrará toda solidaridad interterritorial.
La solidaridad no es un concepto retórico. Es el mecanismo que permite que comunidades con menor renta per cápita puedan financiar sanidad, educación, dependencia e infraestructuras básicas. Alterar ese equilibrio implica condenar a esas regiones a una prestación de servicios públicos estructuralmente inferior.
Necesidad política de supervivencia parlamentaria
Todo sistema redistributivo necesita financiadores netos. En España, ese papel lo desempeña fundamentalmente la Comunidad de Madrid, que aporta muy por encima de lo que recibe. El acuerdo con Cataluña intensifica de forma desproporcionada esa carga, concentrando aún más el esfuerzo de solidaridad sobre una sola región. El mensaje implícito es peligroso: quien crece, atrae inversión y genera actividad económica, paga más y decide menos, mientras que quien presiona políticamente obtiene ventajas al margen del sistema común. Esto no solo es injusto; es económicamente ineficiente, porque penaliza el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo.
No puede obviarse el contexto: este acuerdo no responde a un análisis técnico del sistema de financiación autonómica, sino a una necesidad política de supervivencia parlamentaria. La financiación territorial se convierte así en moneda de cambio, lo que erosiona la confianza en las instituciones y degrada un debate que debería ser técnico, transparente y multilateral. Cuando la financiación autonómica se negocia bilateralmente y fuera de los órganos comunes, el resultado no es un mejor sistema, sino un sistema arbitrario y fragmentado, que, al establecer un sistema fiscal propio para Cataluña rompe, además, con la solidaridad interterritorial.
El incremento de recursos anunciado por Montero para las CCAA no es más que un ardid para tratar de que el resto de CCAA apoyen este bodrio. El incremento al 55% en la cesión del IRPF y al 56,5% la del IVA, como elementos más destacados, no es más que una argucia para tratar de tapar el hecho de que el sistema vuelve a diseñarse para beneficiar al independentismo catalán, ya que la ordinalidad, que sería lo único sensato, no es tal, sino que se transforma en ordinalidad para Cataluña y penalización para el resto de aportantes, en especial para Madrid.
Un pacto para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder
Adicionalmente, complican más el SFA, al añadir una nivelación vía AGE que beneficiará principalmente a Cataluña, para garantizar su ordinalidad, pero que no beneficiará al resto. El añadir un fondo de compensación a buen seguro irá también en la dirección de compensar a Cataluña. Por último, el querer penalizar más todavía -pues ya se castiga hoy en día a través de la capacidad normativa- a las regiones que bajan impuestos es un ataque directo a la obsesión del Gobierno, que es Madrid, porque esta región les pone ante el espejo de cómo se puede ser eficiente y prestar mejores servicios con impuestos más bajos.
Por último, el incremento de recursos a las CCAA sin recortar el gasto estructural de la AGE es una insensatez, pues aumenta el gasto estructural. Montero no puede decir que para eso sirve el incremento de recaudación, porque, en primer lugar, lo consigue a base de asfixiar a más y más impuestos a ciudadanos y empresas. En segundo lugar, aumenta el gasto estructural sobre la base de unos ingresos extraordinarios coyunturales, agravando el saldo estructural cuando dichos ingresos se moderen o disminuyan.
En resumen, es un pacto aberrante, al dictado de ERC para que el presidente Pedro Sánchez pueda seguir un tiempo más en la cabecera del banco azul, simplemente para estar, no para gobernar, porque no tiene ni presupuestos ni la mayoría del Congreso; se mantiene porque él está dispuesto a ceder lo que sea necesario para continuar y los independentistas van a exprimirlo hasta el final, en perjuicio de todos los españoles, también de los de Cataluña.