Una de las grandes polémicas relacionadas con la regulación del tráfico en España es la obligatoriedad de usar la nueva baliza V16 desde este año para señalar la posición de un vehículo estacionado al margen de una carretera. Desde el precio de estos dispositivos, hasta la falta de visibilidad de la luz que emite, pasando por la cantidad de dinero que llevaría Hacienda gracias al IVA, en los últimos meses la polémica acerca de la baliza no ha dejado de crecer.
Lo cierto es que, ante la confusión generada, el Gobierno anunció que al principio no se multaría a los conductores que no llevaran este dispositivo en sus vehículos, sino que simplemente se informaría de la entrada en vigor de la normativa. De este modo, se trataba de dar cierta seguridad a los conductores y darles cierto margen para adaptarse a las nuevas exigencias. Sin embargo, ya se han empezado a poner las primeras multas por no llevar este dispositivo.
Comienzan a multar
Pese a que el Gobierno anunció que tras la entrada en vigor de la obligación de llevar la baliza V16 en el coche se pondría en marcha un período flexible, donde no se multaría a los conductores por infringir la norma, ya se han puesto las primeras sanciones por este motivo. Así lo confirma la consultora Pyramid Consulting, dedicada a la asesoría jurídica que ofrece soluciones y asesoramiento para la defensa frente a las multas, que detalla que "ha tenido conocimiento de la primera denuncia impuesta a un conductor por no llevar instalada la señal reglamentaria V16".
En este sentido, desde la compañía subrayan que esta multa "se produce pese al anuncio público del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la aplicación de un periodo de gracia antes de comenzar a sancionar por este motivo". De esta forma, detallan que "la multa, de 80 euros, ha sido emitida por el Ministerio del Interior–Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia" por una supuesta infracción relacionada con la normativa que regula el uso de los elementos de señalización obligatorios.
Naturalmente, esta multa supone una incoherencia con lo expresado desde el Gobierno en las últimas semanas. Desde la consultora explican que "la imposición de esta sanción, emitida posteriormente al anuncio, evidencia una contradicción entre el anuncio institucional y la actuación administrativa", subrayando además que esto "plantea dudas jurídicas relevantes en torno a la aplicación del principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre la Administración y los ciudadanos". Así, denuncian que "la Administración no está actuando con previsibilidad, seguridad jurídica, buena fe y transparencia".
No obstante, desde Pyramid Consulting adelantan que esta sanción será recurrida e instan a estudios los casos similares por "considerar que existen fundamentos jurídicos sólidos para la impugnación de estas sanciones".