La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recibido un contundente varapalo judicial que pone en evidencia un fallo sistémico en su gestión sancionadora. Una reciente sentencia del Tribunal de Instancia de Burgos ha condenado al organismo que dirige Pere Navarro a devolver de forma inmediata los puntos detraídos a un conductor cuya multa había sido anulada previamente por los servicios económicos de Hacienda. El fallo no solo obliga a la restitución del saldo del permiso, sino que impone a Tráfico el pago de 300 euros en costas, destapando un error administrativo que, según la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), podría afectar a cerca de 50.000 conductores en toda España.
La "mochilita" de puntos: un castigo sin base legal
Desde la implantación del carné por puntos en 2006, la DGT se ha negado sistemáticamente a reconocer las resoluciones de los tribunales económico-administrativos de Hacienda. El argumento de Tráfico era que estos órganos no tenían facultades para revisar su competencia sancionadora. Sin embargo, la sentencia de Burgos tumba esta tesis por atentar contra el principio constitucional de seguridad jurídica: el juez subraya que no puede ser que para Hacienda una infracción no exista (por estar mal notificada) y para la Jefatura de Tráfico sí exista a efectos de detraer puntos.
"La pérdida de puntos va unida a la multa como la sombra al cuerpo", ha denunciado Mario Arnaldo, presidente de AEA. El caso que ha motivado este fallo es paradigmático: un automovilista descubrió que le habían quitado cuatro puntos por un exceso de velocidad del que nunca fue notificado hasta que Hacienda le reclamó el pago con un 20% de recargo. A pesar de que el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León anuló la multa, Tráfico se negó "obstinadamente" a devolver el saldo del carné.
El riesgo de imputar delitos inexistentes
La persistencia de la DGT en mantener estas sanciones anuladas en el Registro de Conductores e Infractores tiene consecuencias que van más allá de lo administrativo. AEA advierte de que Tráfico podría incurrir en graves responsabilidades, ya que mantener anotadas detracciones ilegales priva injustamente a miles de ciudadanos de su derecho a conducir.
Lo más grave es que esta desatención de la DGT podría dar lugar a la imputación de delitos contra la seguridad vial inexistentes. Un conductor podría ser detenido por circular supuestamente sin saldo de puntos cuando, legalmente, su "mochilita" —término acuñado por el propio Pere Navarro— debería estar intacta. La Justicia deja claro ahora que si la multa económica cae por una mala tramitación, los puntos deben ser restituidos de forma automática.
Un éxito jurídico de AEA frente a "argumentos perversos"
Para los servicios jurídicos de AEA, responsables de este recurso, la sentencia supone el fin de una práctica de la Administración que ha causado "daños irreparables" durante dos décadas. El éxito de esta asociación abre la puerta a que los 50.000 afectados por este error administrativo exijan la corrección de su saldo. Como concluye Arnaldo, no se puede trocear una sanción para mantener el castigo administrativo cuando la base de la infracción ha sido declarada nula por el propio Estado.