Berkeley, la empresa que intentó abrir una mina de uranio en Salamanca cuyo proyecto fue finalmente tumbado por el Ministerio de Transición Ecológica, ha precisado cuánto dinero reclama al Reino de España en el proceso de arbitraje al que decidió llevar a nuestro país. En una nota remitida a la CNMV, la compañía minera anuncia que su escrito de demanda presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) eleva a 1250 millones de dólares la "compensación" que reclama al Ejecutivo español (su anterior estimación era de 1.000 millones).
La compañía señala que decidió emprender este proceso de arbitraje ante las "múltiples violaciones" del denominado Tratado de la Carta de la Energía. El documento, que precisa la cifra que reclama a España, incluye "un detallado resumen de las bases legales de su reclamación contra España", un resumen de la disputa entre la empresa y el Gobierno, "mensajes de testigos clave" e informes "de distintos expertos independientes sobre aspectos técnicos y regulatorios y sobre los daños" para la compañía.
Según Berkeley, España tiene "hasta julio de 2026 para responder". Y afirma que "independientemente de esta disputa", continúa "comprometida" con el proyecto en el municipio salmantino de Retortillo y abierta, dice, a un "diálogo constructivo con España". Está lista, añade, "para colaborar con las autoridades para una solución amistosa" y espera que puedan producirse negociaciones próximamente.
El proyecto para abrir una mina de uranio en Salamanca y una planta de procesamiento fue rechazado en 2021 por el Ministerio de Transición Ecológica tras un informe en contra del Consejo de Seguridad Nuclear. La empresa sostiene que desde que pusieron sus ojos en España obtuvieron más de 120 permisos y fuentes de la compañía señalaron en su día que todo se torció con la llegada al poder del PSOE.
El CSN alegó en su informe que existían "elevadas incertidumbres" en torno a "aspectos geotérmicos e hidrogeológicos" vinculados a la mina mientras que la empresa afirma que se le denegó la opción de seguir mejorando el proyecto. Ese mismo año, el Gobierno aprobó la Ley de Cambio Climático que prohíbe expresamente la explotación e investigación de recursos de uranio y la ampliación de concesiones existentes, algo que no afectaba al proyecto de Berkeley al estar ya en marcha pero que dejaba clara la posición del Ejecutivo español en torno a este recurso.
Aunque al hilo del debate nuclear en torno al apagón desde el Gobierno se llegó a decir que España no disponía de uranio, lo cierto es que sí existen reservas y se explotaron en el pasado: la provincia de Salamanca ya albergó una mina de uranio en el pasado, la de Saelices El Chico, explotada por la pública ENUSA.
La mina echó el cierre en 2000 por la baja rentabilidad ante la caída del precio del uranio después de que en los 80 España llegara a convertirse en el segundo productor europeo.