El gobierno de la Generalidad catalana, que preside el socialista Salvador Illa, y los "Comuns", la versión catalana de Sumar que lidera en el Parlamento catalán Jéssica Albiach, han alcanzado un acuerdo para prohibir la venta de pisos en las llamadas "zonas tensionadas" (las más demandadas) a los grandes tenedores (los propietarios de cinco o más viviendas) a fin de revertir lo que la izquierda define como "emergencia habitacional".
El acuerdo forma parte del pacto para los presupuestos autonómicos que Illa quiere aprobar en este primer trimestre. Para ello necesita el apoyo de los Comunes, que ya ha obtenido (este jueves Illa y Albiach firman el acuerdo), y el de ERC, con quien se negocia la creación de un "consorcio de inversiones", un nuevo chiringuito cuya misión será comprobar el cumplimiento de las inversiones tanto estatales como autonómicas.
La prohibición de la venta de inmuebles a los grandes tenedores tendrá un carácter temporal, ya que así se ajusta a la legalidad, según cuatro informes encargados por la Generalidad a juristas como Carles Viver Pi-Sunyer, el exmagistrado del Tribunal Constitucional que presidió el separatista "Consejo Asesor para la Transición Nacional" con el que se pretendía legalizar el golpe de Estado.
Otro de los informes está firmado por el antropólogo Jaime Palomera, fundador del Sindicato de Inquilinas. En su documento aboga por la creación de un cuerpo de inspectores que vigilen la aplicación estricta de las normas inmobiliarias. Los otros dos informes están firmados por Fuensanta Alcalá y Pablo Feu, que fue el primero en teorizar sobre el encaje constitucional de prohibir las compras especulativas.
Una excepción
El acuerdo de Illa con los Comunes tiene una excepción. Los grandes tenedores podrán comprar vivienda en las zonas tensionadas siempre que la dediquen a alquiler respetando los topes establecidos por la administración autonómica. Esa no es la única cesión de los "Comuns", ya que abogaban en principio por aplicar en Cataluña el "modelo Ámsterdam", la prohibición de venta a cualquiera que no vaya a residir en el inmueble un mínimo de cuatro años.
El pacto indica que el Govern se compromete a incluir la prohibición en una reforma de la ley de urbanismo catalana en un plazo de no más de seis meses.
Tras los condones
El acuerdo llega un día después de que la dirigente de los Comunes Jéssica Albiach anunciara otro pacto con el Gobierno de la Generalidad consistente en financiar los productos menstruales y los condones con hasta 25 euros al año en la franja de edad entre los 12 y los 25 años, medida cifrada en unos 25 millones de euros al año. También se acordó aumentar las ayudas al alquiler para las familias con rentas inferiores a los 36.500 euros al año pasando de los 200 millones que se destinan en la actualidad a 300.