Con la llegada del nuevo año, entró en vigor la obligatoriedad de que todos los conductores lleven en sus vehículos la baliza V16. En este sentido, dado el caos generado, Tráfico aseguró que, en los primeros meses, la normativa se aplicaría con flexibilidad, si bien ya se han notificado las primeras sanciones por no llevar este dispositivo. Ahora la Unión Europea señala al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber comunicado la norma de la baliza V16 y advierte de consecuencias jurídicas.
La Comisión señala al Gobierno
A pesar de que la normativa europea exige que los Estados miembros deben notificar a las autoridades comunitarias cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, el Gobierno de Pedro Sánchez no informó de la normativa de la baliza V16. Así lo confirma la Comisión Europea en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat. De hecho, el organismo comunitario subraya al respecto que esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
En este sentido, la Comisión Europea afirma que los Reales Decretos españoles sobre la baliza V16 "no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535". Además, la Comisión reconoce que deben ser los Estados miembros los que evalúen si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
De este modo, en su respuesta advierte de que "si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos (...), la Comisión puede adoptar medidas de ejecución (...)". Así las cosas, la Comisión subraya que la falta de notificación de esta normativa podría tener consecuencias jurídicas. Concretamente, el organismo explica que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa nacional no notificada correctamente carece de efecto jurídico contra los particulares.
Con todo, la Comisión señala que el uso de este tipo de dispositivos no está armonizado a nivel de la UE, por lo que se deben aplicar las normas de tráfico propia de cada país. Sin embargo, alerta de que "la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior (...), que las autoridades españolas tendrían que justificar (...)".