Bolivia ha iniciado en 2026 uno de los programas de ajuste económico más intensos de Hispanoamérica tras casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política que gobernó el país de forma casi ininterrumpida desde 2006 bajo el liderazgo de Evo Morales, primero, y Luis Arce, después.
El nuevo mandatario, Rodrigo Paz, asumió el poder a finales de 2025 tras una victoria electoral que puso fin a dos décadas de modelo estatista, basado en subsidios masivos, controles de precios, expansión del gasto público y fuerte intervención del Estado en sectores estratégicos. Su llegada a la presidencia se produjo en un contexto económico crítico, marcado por desequilibrios fiscales, escasez de divisas y un acelerado deterioro de las cuentas externas.
A cierre de 2025, Bolivia presentaba una inflación interanual cercana al 20%, el nivel más alto desde comienzos de los años 2000. El déficit presupuestario superaba el 10% del PIB, tras encadenar varios ejercicios consecutivos en números rojos tras años de gasto expansivo financiado por el boom en los precios de las materias primas y el recurso al endeudamiento masivo.
Las reservas internacionales netas se encontraban a comienzos de año en mínimos históricos, tras haber caído de niveles superiores a los 15.000 millones de dólares en el pico de la década pasada a menos de 2.000 millones en la actualidad, de acuerdo con las informaciones del propio Banco Central. Esta pérdida de colchón externo se ha traducido en una creciente escasez de divisas, restricciones al acceso a dólares y un fuerte deterioro de la confianza.
El tipo de cambio paralelo ha llegado a duplicar al oficial, superando los 14 bolivianos por 1 dólar, frente a un ratio oficial anclado en niveles artificialmente bajos de 1 dólar por cada 7 bolivianos. La brecha cambiaria refleja tanto la escasez de divisa estadounidense como la expectativa de una inevitable corrección tras años de desorden monetario.
Fin de los subsidios a los combustibles
En este contexto, el nuevo gobierno decidió seguir los pasos del Ejecutivo de Daniel Noboa en Ecuador y romper con una de las políticas más emblemáticas del ciclo socialista: la subvención masiva a la compra de combustibles, vigente durante décadas y convertida en un pilar simbólico del modelo del Movimiento al Socialismo de Morales y Arce.
Así, desde enero de 2026, Bolivia eliminó los subsidios a la gasolina y al diésel. El precio de la gasolina especial pasó a situarse en torno a 6,96 bolivianos por litro, el diésel escaló a 9,80 bolivianos y la gasolina premium superó los 11 bolivianos por litro. Hasta entonces, el Estado importaba carburantes a precios internacionales muy superiores y los vendía en el mercado interno a precios artificialmente bajos, asumiendo una factura fiscal multimillonaria para cubrir la diferencia.
El gobierno ha cifrado el coste anual de estos subsidios en más del 3% del PIB, circunstancia a la que se sumaba el fuerte drenaje de divisas que suponía importar combustibles en dólares en un contexto de reservas agotadas. Para amortiguar parte del ajuste, se ha congelado el precio del gas licuado de petróleo y se ha elevado la llamada Renta Dignidad, de modo que no se han retirado por completo los esquemas de ayudas, pero sí los más costosos y distorsionadores.
Reordenación del gasto público y reformas fiscales
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha comunicado un plan de reordenación presupuestaria, con el objetivo explícito reducir el peso del gasto público corriente, revisar programas ineficientes y presentar un nuevo Presupuesto General del Estado tras las elecciones subnacionales que se celebrarán el próximo mes de marzo. El ajuste presupuestario busca revertir una dinámica en la que el gasto público ha crecido de forma sostenida muy por encima de los ingresos.
En el ámbito fiscal y regulatorio, el Gobierno, liderado en el área económica por el ministro Juan Carlos Guzmán, ha anunciado su intención de eliminar impuestos considerados distorsionadores, así como una agenda que persigue simplificar trámites administrativos y mejorar la seguridad jurídica para la inversión privada. Así, parece evidente que el "modelo Milei" sigue inspirando cambios de política económica en toda la región, como acreditan también los planes del nuevo gobierno chileno.
Apertura al capital y explotación de recursos estratégicos
El enfoque oficial es abiertamente pragmático y busca atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y, especialmente, el litio, del que Bolivia concentra una parte relevante de las reservas mundiales. Pese a ese potencial, el país apenas ha explotado una fracción limitada de sus recursos, lastrado durante años por la gestión estatal, la falta de inversión y los obstáculos regulatorios.
Normalización del mercado cambiario
Otro eje central del ajuste ha sido el mercado cambiario. Las autoridades iniciaron un proceso de normalización que incluye la devolución gradual de depósitos en dólares a pequeños ahorradores, así como distintas medidas para reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
De momento, el tipo de cambio informal se ha reducido desde niveles superiores a 14 bolivianos por dólar hasta el entorno de 9–10 bolivianos, aunque persisten restricciones y tensiones en el acceso a moneda extranjera. La estabilización, no obstante, depende en gran medida de la credibilidad del programa de ajuste, de modo que las reformas deberán avanzar en los próximos meses para garantizar un vuelco permanente en las condiciones monetarias y económicas.
Primeras señales positivas y desafíos por delante
Pese a las tensiones, el Ejecutivo sostiene que las primeras señales son positivas. El presidente Rodrigo Paz ha recalcado que se ha producido una reducción sustancial del riesgo país, que efectivamente ha pasado a situarse por debajo de los 500 puntos básicos tras haber llegado a desbordar los 1.000 puntos el pasado año 2025.
Bolivia avanza así hacia un periodo complejo que debe estar marcado por la perseverancia en el ajuste económico. La presión política de la izquierda y el desafío de transformar las reformas iniciales en cambios de largo plazo son retos mayúsculos, pero solamente un programa ambicioso podrá sacar adelante el país tras casi dos décadas de intervencionismo, subsidios generalizados y deterioro continuado de las condiciones socioeconómicas.