Italia está presionando para suspender el mercado de carbono de la UE antes de su revisión y reforma. Así lo recoge Bloomberg, que destaca cómo el ministro de Industria italiano, Adolfo Urso, ha pedido que se lleve a cabo esta medida por la carga fiscal adicional que los derechos de emisión suponen para las empresas europeas.
Esta petición llega después de que EEUU haya dado un giro radical a su política energética. De hecho, Donald Trump acaba de lanzar un ultimátum a la Agencia de la Energía, advirtiendo de que abandonará el organismo si no dejan de "empobrecer a la gente".
Suspender el mercado de carbono
La Comisión Europea tiene previsto revisar el próximo mes los parámetros de referencia de emisiones, que sirven para determinar la asignación de derechos de emisión gratuitos a la industria. Así lo recoge la agencia de comunicación Bloomberg, que recuerda que, en este contexto, Italia también pretende posponer la eliminación gradual de estos permisos. En consecuencia, el ministro de Industria, Adolfo Urso, ha pedido que se suspenda el mercado de carbono de la Unión Europea.
Concretamente, el representante italiano ha solicitado que se lleve a cabo esta medida hasta que este mercado sea revisado y reformado. Así, aumenta la presión sobre uno de los instrumentos con los que la UE trata de reducir las emisiones de dióxido de carbono. De hecho, desde Bloomberg recuerdan que ya el canciller alemán, Friedrich Merz, defendió en una cumbre celebrada en Amberes que la UE debería revisar el mercado si se concluyera que este no ayuda a las empresas a reducir sus emisiones.
Así las cosas, Urso ha defendido que el sistema de comercio de emisiones "tal como está diseñado actualmente, representa una carga fiscal adicional para las empresas europeas, lo que afecta a sus costes y limita su competitividad". Precisamente, en este contexto, los derechos de emisión de carbono de referencia han caído hasta un 4,6%, hasta los 69,25 euros por tonelada. De hecho, en lo que va de año estos precios han caído alrededor de un 20% debido a la presión de los Estados miembros de la UE para proteger a la industria.