El Gobierno de Malta, a través de su organismo regulador, Transport Malta, ha puesto en marcha un agresivo plan de incentivos económicos para combatir la congestión del tráfico en el archipiélago. La medida, que entra en vigor en enero de 2026, contempla el pago de 25.000 euros con cargo al contribuyente a aquellos residentes que decidan entregar de forma voluntaria su permiso de conducción y se comprometan a no circular por las vías públicas durante un periodo de cinco años.
Requisitos de elegibilidad y exclusiones
El programa está estrictamente limitado a ciudadanos residentes en Malta durante al menos siete años que tengan, como máximo, 30 años en el momento de la solicitud. Los aspirantes deben poseer un permiso de conducción de Categoría B con una antigüedad mínima de 12 meses, el cual no debe haber sido revocado ni suspendido previamente.
La normativa excluye explícitamente a perfiles profesionales específicos. No podrán acogerse al plan los cargos políticos, diplomáticos, chóferes oficiales ni cualquier trabajador cuya actividad laboral exija legalmente la posesión de un carné de conducir en vigor. Asimismo, poseer una licencia de un país extracomunitario invalida la solicitud.
Un calendario de pagos de cinco años
El incentivo de 25.000 euros no se abona en un pago único, sino que se divide en cinco plazos anuales de 5.000 euros. El primer ingreso se hace efectivo tras la entrega física del documento y la aprobación de la solicitud, mientras que los cuatro restantes se abonan consecutivamente en cada aniversario de la entrega.
La renuncia implica la prohibición total de conducir cualquier vehículo de motor tanto en territorio maltés como en el extranjero. Además, la entrega del carné conlleva la revocación automática de cualquier permiso o etiqueta de identificación para el transporte de pasajeros, incluyendo licencias de taxi o vehículos de transporte ligero.
Penalizaciones y cláusulas de retorno
El esquema establece un régimen sancionador severo para quienes incumplan el compromiso. Si un beneficiario es detectado conduciendo durante el periodo de suspensión, deberá afrontar las penas legales por conducción sin permiso, devolver el saldo del total de la subvención recibida hasta la fecha y pagar una multa administrativa de 5.000 euros.
Existe, no obstante, una vía de salida legal. Los ciudadanos podrán solicitar la cancelación de la suspensión únicamente en ventanas de 30 días coincidiendo con los aniversarios de la entrega del carné. En este caso, el solicitante deberá reembolsar a la autoridad el saldo pendiente de la subvención: desde 20.000 euros si se solicita el primer año, hasta 5.000 euros si se hace en el cuarto. Una vez finalizado el periodo de cinco años, para recuperar la licencia, el ciudadano deberá completar 15 horas de formación en una escuela de conducción autorizada.