El Ayuntamiento de Benidorm y las empresas de la familia Murcia Puchades avanzan hacia un posible acuerdo para fijar el calendario de pago de la indemnización de 350 millones de euros derivada del conflicto urbanístico en el parque natural de Sierra Helada, un litigio que se remonta a más de dos décadas.
Las propuestas que manejan ambas partes contemplan un primer pago de unos 60 millones de euros antes de que finalice 2026, según ha confirmado el diario El País. Para afrontar ese desembolso inicial, el Consistorio prevé utilizar en gran parte el préstamo de 55 millones concedido por el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Impulso Económico, al que el municipio se ha adherido tras recibir el visto bueno del departamento estatal.
El resto de la deuda quedaría sujeto a un calendario de pagos a largo plazo. Según las líneas generales del planteamiento que se negocia, se abriría un periodo de carencia hasta finales de 2030 durante el cual el Ayuntamiento no tendría que amortizar la cantidad pendiente. A partir de 2031, el Consistorio comenzaría a realizar pagos anuales destinados a cubrir la indemnización, con un límite mínimo del 8 % de su presupuesto o de sus recursos corrientes cada ejercicio, con el objetivo de saldar la deuda en un plazo máximo de 30 años.
El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha defendido que la propuesta municipal persigue cumplir la sentencia "sin subir impuestos ni recortar servicios", al tiempo que permite repartir el impacto económico de la condena durante varias décadas.
Además, el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado el apoyo del Gobierno autonómico al Ayuntamiento de Benidorm para afrontar la ejecución de la sentencia. El presidente ha asegurado que la Administración autonómica prestará "toda la ayuda que necesite" el Consistorio para cumplir con el fallo judicial relacionado con los terrenos de Sierra Helada.
Un conflicto urbanístico de más de 20 años
El origen del litigio se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con la familia Murcia Puchades para compensar los aprovechamientos urbanísticos de unos terrenos situados en el sector APR-7. Esos suelos dejaron de ser edificables cuando se integraron en el espacio protegido de Sierra Helada.
Tras años de litigios, los tribunales han confirmado el derecho de los propietarios a ser indemnizados por esos derechos urbanísticos no materializados. La compensación fijada inicialmente en 283 millones de euros ha aumentado hasta cerca de 350 millones
La magnitud de la condena sitúa al Consistorio en una situación financiera compleja, ya que la cantidad equivale aproximadamente al triple de su presupuesto anual.
Posible compensación con suelo
Además del calendario de pagos, el borrador del acuerdo contempla la posibilidad de compensar parte de los intereses mediante la entrega de suelo. El Ayuntamiento tendría un plazo de cinco años para identificar parcelas edificables que podrían destinarse a ese fin, entre ellas en el futuro desarrollo del Ensanche de Levante.
No obstante, el pacto todavía debe concretar varios aspectos técnicos y jurídicos. En cualquier caso, el acuerdo final tendría que ser aprobado por el Pleno municipal y posteriormente homologado por el juez encargado de ejecutar la sentencia.
Mientras continúan las negociaciones, el Consistorio trabaja en cerrar una fórmula que permita afrontar una de las mayores condenas económicas derivadas de un conflicto urbanístico para un ayuntamiento en España.