La inflación, que ya ahogaba a las familias españolas da una nueva vuelta de tuerca. El incremento de los precios del petróleo y del gas en los mercados internacionales ya afectan a toda la cadena de valor y comenzamos a ver una subida en todas las variables sensibles para el bolsillo de los ciudadanos, como la factura de la luz, la de los carburantes e incluso el euríbor, que sube hasta el 2,54%.
El gas sigue por encima de los 50 euros el megawatio, y el gasóleo roza los dos euros por litro. Una situación que lamentablemente acentúa los problemas presupuestarios de unas familias en España que cada vez cuenta con menos recursos. Uno de cada tres españoles no tiene capacidad de hacer frente a imprevistos y uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, ya la mitad de los españoles cobra menos de 24.000 euros brutos al año. Siendo ya el salario más frecuente el Salario Mínimo Interprofesional. Más de 3,3 millones de españoles cobran el Ingreso mínimo Vital y el paro real roza los 4 millones de personas.
En esta situación, el Gobierno continúa disparando la recaudación vía impuestos y cotizaciones sociales y dispara a su vez el gasto. Esta útlima situación lo que hace es operar directamente sobre la afección de la inflación sobre la economía. Así como en otros países europeos, la inflación no incide con tanta crudeza sobre las economías familiares, en España, este impacto es mayor.
Así las cosas, las turbulencias provocadas por la guerra de Irán sobre el estrecho de Ormuz y los desequilibrios en los mercados de materias primas energéticas, amenaza con acelerar de una manera importante el empobrecimiento de los españoles.
Ante esta situación, es necesario cambiar el paradigma de nuestra economía pero también afrontar medidas directas que alivien el impacto a la mayoría del país. Y este impacto puede reducirse directamente renunciando a parte de los impuestos que gravan el consumo y que permitiría amortiguar ese incremento de los precios.
Sin embargo el Gobierno parece dispuesto a aprobar algunos bonos o bonificaciones que, de nuevo, saldrían directamente de los Presupuestos Generales del Estado, de nuevo medidas de más gasto.