El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha avanzado que su grupo parlamentario presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar la actual legislación de horarios comerciales. El objetivo de la coalición es restringir el margen de actuación de las comunidades autónomas e impedir que estas permitan a los negocios abrir sus puertas todos los festivos, en un claro intento de limitar la libertad económica.
Durante una entrevista concedida a Europa Press, Ibáñez ha argumentado que el incremento del trabajo durante los fines de semana es una situación que considera que "no es progresista". Por ello, el parlamentario ha anunciado que esta reforma legal se registrará después de la Semana Santa para cercenar la capacidad de decisión de los Gobiernos autonómicos sobre sus propios territorios.
El domingo, "para ir a misa"
La ofensiva intervencionista tiene un objetivo principal: la política de libertad comercial de la Comunidad de Madrid. Ibáñez ha criticado abiertamente la normativa aprobada por Esperanza Aguirre en el año 2012, una ley pionera que permite a los comerciantes determinar con plena libertad los días que desarrollan su actividad, facilitando el consumo y la creación de empleo.
Aunque el dirigente de extrema izquierda admite que cercenar esta libertad puede resultar polémico porque muchos ciudadanos solo disponen del fin de semana para realizar sus compras, ha justificado la prohibición asegurando que el actual sistema "revienta a muchas mujeres" al tratarse de sectores feminizados. En un alarde de paternalismo, Ibáñez ha llegado a lanzar un mensaje a los partidos conservadores instándoles a apoyar su medida: "Espero que la derecha cristiana de este país entienda que el domingo para ellos es para ir a misa, no para ir a comprar".
Cuerpo manda informes "como un loco"
Por otro lado, el diputado ha evidenciado la profunda fractura en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de la modificación del registro horario. El Ministerio de Trabajo mantiene su pulso para imponer un control remoto de las horas de los empleados, a pesar de que no cuentan con el visto bueno del Consejo de Estado y de las reticencias mostradas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El citado órgano consultivo del Ejecutivo emitió recientemente un informe desfavorable a esta medida por la carga extra que va a suponer para las pymes y por pretender imponerse mediante real decreto en lugar de tramitarse como una norma con rango de ley. Lejos de rectificar, el portavoz de Sumar ha acusado a Cuerpo de mandar informes "como un loco" para boicotear la iniciativa.
En este sentido, Ibáñez ha elevado el tono acusando tanto al responsable de Economía como al propio PSOE de ser desleales y de asumir los postulados de la patronal. Según el relato de la formación izquierdista, las empresas españolas obligan a sus empleados a hacer horas extras sin remunerar, ignorando las asfixiantes trabas burocráticas que estas imposiciones gubernamentales supondrán para el tejido productivo nacional.