El análisis pormenorizado realizado por Carlos Cuesta y Beatriz García en El Programa de Cuesta pone de manifiesto la cruda realidad tras el relevo en el Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero se marcha a Andalucía dejando tras de sí un rastro de espolio fiscal y una gestión que, lejos de ser el modelo internacional que ella pretende vender, ha supuesto un castigo sistemático para los bolsillos de los ciudadanos españoles. Su despedida, cargada de una autocomplacencia asombrosa, ignora deliberadamente las críticas sobre la gestión de la pandemia y el incremento desmedido de la presión tributaria bajo su mandato.
La llegada de Arcadio España al ministerio no supone, ni mucho menos, un cambio de rumbo hacia la moderación o el respeto al contribuyente. Se trata de un hombre de máxima confianza del aparato socialista, con una trayectoria estrechamente ligada a figuras tan polémicas como Ángel Víctor Torres y Ximo Puig. Su nombramiento parece más una recompensa a su lealtad inquebrantable dentro del partido que un reconocimiento a una gestión técnica eficaz, especialmente considerando su pasado en la Comunidad Valenciana, donde el desorden en las cuentas públicas fue la tónica dominante.
Resulta especialmente preocupante su vinculación con el caso Koldo y otras tramas que salpican directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como antiguo consejero de Hacienda en Valencia, España fue el responsable directo de supervisar subvenciones que, según se denuncia, terminaron regando los negocios de los hermanos de Ximo Puig. Esta falta de rigor en el control del dinero público es, según los analistas de Libertad Digital, su principal carta de presentación, lo que augura una continuidad preocupante en las políticas de gasto arbitrario y falta de transparencia.