El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez al dictaminar que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores interinos que han encadenado contratos temporales con la Administración Pública no constituye una medida suficiente para sancionar su utilización "abusiva" en el sector público, ya que no resulta conforme con el Derecho de la Unión.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia, que se puede leer aquí, se establece lo siguiente:
"El Tribunal de Justicia considera que estas medidas (la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas) no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".
El TJUE no obliga, pero sí recomienda
El propio Tribunal de Justicia recuerda que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho interno (tarea que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales), sino que corresponderá al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan debidamente la utilización abusiva de contratos de duración determinada. No obstante, el TJUE aporta una serie de precisiones destinadas a orientar al Tribunal Supremo en su apreciación.
En primer lugar, el alto tribunal europeo señala que la conversión de los contratos en una relación laboral indefinida no fija no constituye una medida suficiente, ya que el trabajador seguiría en una situación de temporalidad en la que no se garantizaría la estabilidad de su empleo. Por otro lado, el TJUE considera "inadecuada" la indemnización prevista en el caso de que se extinga la relación laboral, al entender que no siempre permite reparar de forma efectiva las consecuencias del abuso, especialmente en situaciones prolongadas en el tiempo.
Considera "insuficientes" las medidas aplicadas en España
En tercer lugar, y en cuanto al régimen de responsabilidad que tienen las Administraciones Públicas, el TJUE indica que "dicho régimen no constituye una medida adecuada cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".
Por último, el TJUE considera que "tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos en los que, si bien se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio por él dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos".
El Gobierno se desentiende de la sentencia
La respuesta del Gobierno a todo esto ha sido escudarse en que la sentencia del TJUE es "meramente aclaratoria" y que no obliga a llevar a cabo acciones, al asegurar que "el TJUE ha dicho que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra".
En Libre Mercado ya hemos contado en varias ocasiones cómo la temporalidad en el sector público es sensiblemente superior a la del sector privado: la del sector público alcanza el 35,54% (en diciembre de 2024), mientras que la del sector privado se sitúa en el 12,4% en el cuarto trimestre de 2025. No obstante, la temporalidad que combate el Gobierno no es la del sector público, sino la de las empresas privadas, en un ejemplo más de la hipocresía de nuestros gobernantes.
Dicha temporalidad en los contratos del sector público afecta a aproximadamente 1,07 millones de empleados públicos, que podrían pasar a ser trabajadores fijos si así lo decide el Tribunal Supremo, con el consiguiente golpe que esto supondría para el bolsillo del contribuyente. Esta es otra muestra más de la poca previsión del Gobierno y de cómo ha convertido la improvisación en su forma de gobernar.