Moncloa presume en el mismo día de que los inmigrantes trabajarán más y los funcionarios, menos

Euforia en el Gobierno después de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes de ayer martes. La norma se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y entrará en vigor mañana, al día siguiente de su publicación. "Es uno de los grandes hitos de esta legislatura (...). Son personas que conviven con nosotros, que dan vida a nuestros pueblos y nuestras calles" festejó la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

Tal y como ha explicado el ministerio que dirige Saiz, la apertura del periodo de solicitudes será el mismo jueves 16 de abril. "Desde ese día se podrá presentar la solicitud de manera telemática. El sistema de cita previa para la tramitación presencial de solicitudes también se abrirá ese mismo día, si bien la atención presencial está prevista que comience el día 20 de abril" añaden. Según las propias estimaciones del Gobierno, la medida beneficiará en los próximos meses a más de 500.000 personas que residen en España de forma ilegal.

El Gobierno de Pedro Sánchez no menciona ningún inconveniente que pueda traer la medida (más presión sobre la vivienda, sobre la sanidad...). Todo serán ventajas, según los socialistas. Como se observa a continuación, de las cuatro "conclusiones" que señala el Ejecutivo, destacan, sobre todo, los beneficios para el mercado laboral:

1. "Nuestra prosperidad está unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores extranjeros: Representan el 43% del empleo creado desde la reforma laboral".
2. "Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar".
3. "También suponen el rejuvenecimiento demográfico: la inmigración en España es eminentemente laboral y con un perfil de edad joven".
4. "Nuestra gestión de las migraciones nos ha situado a la vanguardia del mundo. Hacemos lo correcto desde todos los puntos de vista: humanitario y por supuesto, económico".

Los requisitos: "documentos privados"

El departamento de Elma Saiz también ha explicado cuáles serán los requisitos para acceder a la regularización. "Para justificar la estancia en España, tanto los solicitantes de protección internacional como las personas en situación administrativa irregular podrán presentar documentos públicos o privados o una combinación de ambos que contengan datos personales que puedan acreditar su identidad y que estén fechados" señalan. Esta opción de presentar "documentos públicos, privados o combinados" carece de criterios homogéneos lo que genera inseguridad jurídica.

"Las personas en situación administrativa irregular deberán acreditar, además, uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad" añaden. Ese certificado de vulnerabilidad, donde ya hemos explicado los problemas de fraude por la arbitrariedad de la norma, está "alojado en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para su presentación, este documento deberá estar acreditado y sellado por las autoridades competentes, bien las Entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los servicios sociales"

Funcionarios que trabajarán sólo 35 horas

Además, no deja de resultar paradójico que el mismo día que aparece en el BOE una medida que, en teoría, va a aumentar el número de afiliados y de horas trabajadas en España, el Gobierno también haya incluido otra decisión que también afecta al mercado laboral: la reducción de la jornada de los funcionarios de la Administración del Estado. Así lo publicita Moncloa en X con el mensaje "gobernar para mejorar la vida de la gente".

"Tras el Acuerdo de 27 de marzo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se determina el compromiso de la implementación ágil de la jornada ordinaria de 35 horas semanales, reforzando así las condiciones de trabajo del personal empleado público y contribuyendo a la mejora de la organización del trabajo" señala el BOE.

La medida será de aplicación a todos los empleados públicos al servicio de "la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado". Quedará fuera el "personal militar de las Fuerzas Armadas" y el de las "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Según los sindicatos, la medida afectará a 246.000 empleados públicos y se sumará a los funcionarios de numerosas CCAA donde ya se trabaja solo esas horas.