Hace ya un año del día en que se apagó España. Lo más deplorable, llegado este aniversario, no es ya solo la vergüenza internacional de haber llevado el país a un cero eléctrico. Lo verdaderamente infame es que, doce meses después, nadie haya asumido la menor responsabilidad por un fallo de semejante magnitud.
Ha habido tiempo de sobra. Tiempo para investigar, para esclarecer, para exigir cuentas y para apartar a quien correspondiera. Un año entero. En cualquier país que se respete, un desastre así habría provocado dimisiones, ceses, comparecencias a cara descubierta y una presión insoportable sobre los responsables. En una sociedad sana, la mera posibilidad de que todo siguiera igual habría resultado inaceptable. Aquí, en cambio, no ha pasado nada. O, mejor dicho, ha pasado lo peor, que la sociedad ha digerido el escándalo con la parsimonia moral que convierte lo intolerable en costumbre.
Lo primero es despejar la niebla interesada. La ley no deja en el aire la responsabilidad sobre la operación segura del sistema eléctrico, sino que la deposita en Red Eléctrica. Así que basta ya de difuminar lo esencial. Cuando un país entero se queda a oscuras, alguien tiene que ser el culpable, por mucho que se escondan detrás de un "evento inédito de origen multifactorial". La responsabilidad tiene nombre y apellidos institucionales.
Durante este año, Red Eléctrica ha mantenido una posición opaca, poco transparente y más preocupada por blindarse que por explicarse. El episodio de los audios filtrados lo retrata bastante bien. Una parte de la verdad ha ido apareciendo en la prensa no gracias a una voluntad institucional de aclarar los hechos, sino pese a la resistencia de quienes no querían que se conociera toda la información. Eso, por sí solo, ya es intolerable. Una empresa controlada por el Gobierno y que opera una infraestructura crítica no puede dosificar la verdad según su conveniencia.
Tampoco ayuda el sesgo evidente del informe de Entsoe, que presenta una reconstrucción interesada y evita analizar información muy relevante. Se trata de un informe pericial de parte y no hace falta demasiado para verlo. Tiene mucho más valor ese informe por lo que omite que por lo que cuenta. Cuando un documento llamado a arrojar luz deja deliberadamente zonas en sombra, ya no sirve a la verdad. Únicamente sirve a la coartada.
Pero quizá lo más descorazonador de todo no sea la conducta de quienes gestionaron el incidente —al fin y al cabo, son mercenarios del poder—, sino la docilidad con la que hemos terminado aceptándolo. Porque ningún país que se precie habría consentido este espectáculo. Ninguna nación con un mínimo pulso cívico habría tolerado que, tras un apagón histórico, todo siguiera prácticamente igual. Ninguna sociedad sana admite que el poder falle de ese modo, se atrinchere después en la opacidad y termine saliendo indemne. Si ha ocurrido aquí es porque hemos normalizado demasiadas cosas. Hemos aceptado demasiadas cosas. Hemos tragado demasiadas cosas. Y un pueblo resignado a no pedir cuentas, se degrada hasta convertirse en una sociedad de siervos. Hayek dixit.
Ese es el verdadero escándalo de este aniversario. No solo falló el sistema eléctrico. Falló también el reflejo moral de un país que debería haberse plantado ante semejante bochorno. Cuando una sociedad deja de rebelarse ante la irresponsabilidad, cuando deja de exigir verdad y castigo, merecemos todo lo que nos pase. Tenemos un país en el que el poder puede fracasar, ocultar, mentir y salir intacto. Esa impunidad es mucho peor que un apagón. Ese es el verdadero colapso nacional.