Me hace mucha gracia la que hay liada con el revolcón en el Congreso del decreto de prórrogas forzosas del alquiler y otros hits del debate político sobre este tema. Lo que son las cosas, aquí el único sincero es Gabriel Rufián cuando, en una reciente entrevista, confesó que la izquierda ha fracasado en sus políticas para garantizar el derecho a la vivienda. Y lo sabe.
El problema de los derechos es eso, que hay que garantizarlos. Si no, se quedan en papel mojado por muy en la Constitución que estén. ¿Se acuerdan de cuántas veces nos hemos reído de los norteamericanos por poner en su Declaración de Independencia que el pueblo tiene derecho a la "búsqueda de la felicidad"?
Claro, si los derechos, para que sean de verdad derechos, hay que garantizarlos, el problema es: ¿quién los garantiza? Si alguien no puede hacer frente al pago de un alquiler, ¿esto quién lo paga? Es que el drama ya recuerda al Gran Apagón Eléctrico de hace un año: políticas nefastas dan resultados nefastos, y eso, en lugar de llevar a que los perjudicados por esos resultados se vean compensados, no sé, con alguna rebaja fiscal, sucede todo lo contrario. Les hacen pagar los platos rotos y el incremento de la factura para que no vuelva a suceder –en teoría– lo que por la mala cabeza de nuestros amados líderes ya una vez sucedió –en la práctica–.
La extrema izquierda se las pinta sola para convencer a la gente que no puede acceder a un piso de que, en vez de preguntarse cuál es la causa del Gran Apagón Inmobiliario, y tratar de erradicarla o por lo menos contenerla, desarrolle un odio sarraceno contra cualquiera con vivienda en propiedad. Pretender que una prórroga de dos años de los actuales alquileres va a solucionar algo es un trampantojo y un insulto a la inteligencia. Si queda alguien a quien no se le hayan quitado las ganas de alquilar su casa, no digamos por un precio razonable, se le van a quitar ya.
Lo más divertido es que este fracaso de los progres estaba cantado. Que su política ya estaba inventada. Los alquileres de renta antigua, los alquileres vitalicios, se los inventó Franco para aligerar la penuria de las familias españolas después de la posguerra. Tuvo cosas buenas, pero también cosas malas: cuando el dictador se apercibió de que ni él tenía el poder de obligar a alquilar más casas –uno no gana la guerra contra los comunistas para después ponerse a expropiar a la soviética…–, le puso renovadas pilas al Instituto Nacional de la Vivienda, creado en 1939 precisamente porque el régimen no quería "proletarios" sino "propietarios". La idea era que el Estado construyese masivamente casas nuevas de renta reducida para facilitar el acceso de las clases trabajadoras y humildes a la propiedad, ni siquiera al alquiler.
Eso es lo que debería hacer el Gobierno, todos los gobiernos de España, el nacional y los autonómicos: ponerse renovadas pilas para repartir juego y propiedad, no meterse en la boca del lobo de interferir en la propiedad ajena. Más en un país con la inveterada costumbre de no invertir los ahorros en Bolsa sino en ladrillo.
Claro, si los contratos son inciertos y los salarios bajos, si la voracidad de Hacienda es total, si para muchos pequeños propietarios, por "bien" que digan que va la economía, el piso que compraron ellos o sus antepasados es más garantía de ingresos que tener trabajo o cobrar una pensión, se comprende que por un lado se dispare la picaresca inmobiliaria…y por otro lado, la gubernamental. Consistente en jugar al gato y al ratón, en vender como progre una política franquista del alquiler que ya se estrelló contra la realidad en los años 40 del siglo pasado.
La Administración debería adelgazar mucho su intervencionismo y su burocracia –sobre todo su personal superfluo, ese que parece que sólo justifica su existencia poniendo trabas– para tener la capacidad de construir un parque inmobiliario público relevante de renta reducida. La alternativa, o el complemento, sería dejar de ver a las constructoras privadas como enemigos de la supremacía del Estado, darles incentivo y calidez. Así como seguridad jurídica y cariño fiscal en lugar de castigo a los propietarios. Fusilarlos al amanecer ya no está de moda y por otro lado no solucionaría nada.
¿Saben lo que va a pasar? Que este decreto va a repetir como el ajo de aquí a las elecciones. En realidad, al Gobierno le da igual si se aprueba o no: lo que busca es una excusa para culpar a todo el mundo a su derecha de querer que todo el mundo duerma debajo de un puente. Explicar lo que de verdad ocurre es tedioso, es complejo, es, por momentos, descorazonador. Pero es que no hay otra. Si no nos queremos cargar lo poco que queda del Estado del Bienestar. Y de la confianza mutua.