
El mercado laboral español se sostiene, en cierta medida, gracias al impulso que el Gobierno ha dado al empleo público. De hecho, como hemos detallado en Libre Mercado, el empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, frente al estancamiento que sufre la economía productiva.
Así las cosas, habiendo incrementado el número de empleos públicos en torno al medio millón de personas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado, además, que los funcionarios en nuestro país cobren un 25% más que el conjunto de los trabajadores. Sin embargo, nada parece saciar a los sindicatos. De este modo, CCOO acaba de anunciar movilizaciones para exigir que se establezca un salario mínimo de 1.500 euros netos al mes en la Administración General del Estado.
SMI para funcionarios
Los funcionarios parecen no conformarse con sus condiciones de trabajo. No basta con que el Gobierno se haya comprometido a reducir su jornada semanal a las 35 horas. Los sindicatos siguen presionando para que los empleados públicos obtengan cada vez nuevos privilegios. De este modo, las organizaciones sindicales exigen ahora establecer una retribución mínima de 1.500 euros netos al mes.
Al respecto, en un comunicado publicado por la organización, CCOO sostiene que "la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no solamente representa un rápido empeoramiento de las condiciones de vida de los empleados y empleadas públicas". Así, defienden que estas "son un factor que condiciona la prestación y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía".
Del mismo modo, la organización sostiene que "en estos momentos miles de empleadas y empleados públicos ven que a pesar de negociar subidas que tratan de acompañar el IPC, su poder adquisitivo merma porque el crecimiento del coste de la vida es superior". En este sentido, subrayan que "la crisis provocada por la especulación con la vivienda y el incremento de gastos derivados del conflicto por el control de los recursos hacen cada vez más pobres a las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE)". Con todo, en su comunicado la organización sindical defiende que el conjunto de las categorías laborales y de funcionarios de la AGE "padecemos esta situación".
De este modo, destacan que "cerca de 30.000 empleados de la Administración del Estado, un 15% de la plantilla, tienen unos ingresos cercanos al SMI". Así las cosas, CCOO destaca que estas bajas retribuciones "están provocando un impacto directo sobre los servicios públicos como demuestran los datos de los procesos selectivos convocados por el Estado, donde aproximadamente el 30% de las plazas quedan vacantes al conocer la localidad de destino, y renuncian a la toma de posesión en la plaza a pesar de haber superado una oposición".
Con todo, el sindicato insiste en presentar esta cuestión como un elemento fundamental para impulsar la calidad de los servicios públicos. "Para CCOO, mantener salarios extremadamente bajos en la AGE es el camino más corto para el desmantelamiento de los servicios públicos, castigar a la ciudadanía con menos recursos y menos cohesión social", defienden.
En consecuencia, en su comunicado la organización sindical concluye abogando también por "mejoras organizativas en la gestión", así como por "que el personal de la AGE tenga un reconocimiento salarial mínimo acorde a su servicio". De este modo, han decidido convocar una movilización el próximo día 9 de junio, frente al Ministerio de Hacienda, con el fin de exigir "que nadie cobre menos de 1.500 euros netos".


