La agenda animalista sigue avanzando en su objetivo de acabar con la peletería en España, tal y como adelantó Libre Mercado. Y el primer paso se acaba de dar en Cataluña, donde el Parlamento ha aprobado una resolución para impulsar la prohibición de las granjas peleteras. Lo más llamativo es que los propios impulsores reconocen que actualmente no existe ni una sola explotación de este tipo en toda la comunidad autónoma. Sin embargo, Cataluña acaba de convertirse en el primer laboratorio de una prohibición que podría extenderse al resto del país.
La Comisión de Transición Ecológica aprobó este miércoles una propuesta de resolución registrada por PSC, ERC, Comuns y CUP para instar al Ejecutivo de Salvador Illa a aprobar una ley que prohíba la cría de animales destinada exclusivamente a la producción de pieles y que impida autorizar nuevas instalaciones en el futuro.
De hecho, el propio texto aprobado reconoce sin rodeos que "actualmente no hay granjas dedicadas a la cría de animales con finalidad exclusivamente peletera". Lejos de considerar innecesaria la prohibición, los grupos promotores sostienen precisamente que esa ausencia constituye una "oportunidad" para impedir que algún día puedan volver a instalarse.
Además, afirma la resolución, como no existe actividad, el impacto económico de la prohibición sería "estadísticamente inapreciable" sobre el PIB catalán. Sin embargo, reconoce que sí podría ser una oportunidad futura de negocio. Incluso advierte de que, tras la prohibición de las granjas peleteras aprobada recientemente en Polonia, esta industria podría buscar nuevos destinos donde instalarse y plantea "blindar" Cataluña frente a esa posibilidad.
En otras palabras, la Cámara catalana no actúa para cerrar unas granjas que existan, sino para impedir que puedan abrirse en el futuro, alegando en sus argumentos que el impacto económico sería inapreciable.
La resolución no tiene efectos jurídicos inmediatos, pero sí marca un precedente político. La estrategia consiste en prohibir ahora una actividad inexistente para impedir que pueda desarrollarse en el futuro, un modelo que las organizaciones animalistas aspiran a extender al resto de España tras haber conseguido situar la pelea contra la peletería en la agenda institucional.