Aunque el Gobierno se empeña en aparentar normalidad en la aprobación de los pasos previos a la elaboración de presupuestos —normalidad entre comillas, pues el techo de gasto no financiero tendría que haberlo aprobado antes del treinta de junio—, probablemente no habrá presupuestos, ya que es factible que sean rechazados, pero merece la pena detenerse en el cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno y la senda de estabilidad propuesta. Es un crecimiento por encima de la media que otorgan las distintas instituciones públicas, una senda poco ambiciosa en la solución del déficit estructural de la Administración General del Estado, pese al récord de recaudación, que denota también los problemas de la Seguridad Social, y que asfixia a las CCAA, pues las obliga a movilizar recursos para su regularización masiva de inmigrantes, que serán consumidores intensivos de servicios públicos esenciales, como sanidad o educación, que tienen transferidos las CCAA.
Así, el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto no financiero, más como propaganda que como elemento útil para realizar los presupuestos, que contemplan una elevación del gasto muy importante, electoralista. Este incremento constituye una enorme irresponsabilidad, porque eleva el gasto un año más de manera imprudente, dotándole de un carácter enormemente estructural, con unos objetivos de estabilidad presupuestaria poco ambiciosos, ya que su consecución se basa, únicamente, en el efecto recaudatorio que todavía proporciona la inflación, pero que a medio y largo plazo se deteriora, y ni aun así equilibran las cuentas, lo que quiere decir que todo lo que se recauda se gasta y, además, es insuficiente y hay que recurrir a endeudamiento adicional.
De esa manera, el Gobierno, en la presentación del cuadro macroeconómico y los objetivos de estabilidad, con la fijación del techo de gasto no financiero para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha sido imprudentemente optimista en los supuestos económicos, fiándose del corto plazo dopado con el gasto público, y muy irresponsable en el incremento del gasto, como se puede analizar al observar los datos.
De esa forma, su propuesta, tumbada por el Congreso, sigue por la senda del gasto tremendamente expansivo, con un incremento del gasto no financiero del 4,56% sobre el techo de gasto que presentó para 2026, pero que nunca pudo emplear, al no sacar adelante los presupuestos, y de un 6,6% sobre lo realmente ejecutado, que pone de manifiesto que maneja a su antojo las prórrogas, pues el techo de gasto del último presupuesto prorrogado era de 198.221 millones de euros incluyendo fondos europeos.
Así, el gasto no financiero ha crecido en 106.198 millones de euros desde que llegó Sánchez, y 27.811 millones desde 2023, último presupuesto aprobado.
Así, el techo de gasto no financiero ha crecido casi tanto como el gasto total que tenía en 2018: para 2027 es de 226.032 millones de euros; para 2018 era de 119.834 millones de euros, con lo que el incremento ha sido los mencionados 106.198 millones, un incremento casi igual al gasto que había en 2018, lo que muestra la insensatez de la política económica en el período 2018-2027.
Así, el techo de gasto no financiero se eleva hasta 226.032 millones, es decir, 9.855 millones más sobre el techo de gasto no financiero que presentaron para 2026. Esto muestra claramente que cada vez se está consolidando más gasto estructural,
Esta sangría del gasto continúa con el problema que supone la Seguridad Social, que en lugar de tratar de solucionarlo, lo enquista llevándolo hacia delante, con un traspaso de miles de millones de euros, que muestra el deterioro anual acelerado de la Seguridad Social, que cada vez necesita más el apoyo de los PGE, rompiendo la ortodoxia fiscal. Por mucho que diga que así garantiza la sostenibilidad del sistema, no es cierto, porque la Seguridad Social, por sí misma, ya no puede cubrir sus gastos.
En cuanto a la reducción del déficit, se produce por incremento del PIB nominal, incrementado de manera extraordinaria en las revisiones del INE, producidas tras la actuación de Calviño que ha confesado ella misma sobre la metodología a aplicar, y por la recaudación extraordinaria, pero aun con esa recaudación no se logra alcanzar el equilibrio presupuestario, elemento que deja ver de nuevo el deterioro estructural del saldo presupuestario español, cuya economía cada vez es menos productiva y vive más del gasto público. Es más, pese a ese incremento del PIB nominal y de la recaudación, la deuda apenas se reduce sobre el PIB debido a la fuerte presión del gasto público, cuya regla de gasto tiene también un crecimiento tremendamente elevado.
En definitiva, nos enfrentamos a un gasto irresponsable, que no deja de crecer; un déficit y deuda maquillados por el aumento del PIB nominal y de los ingresos como consecuencia de la inflación, que camufla el aumento de gasto, que se vuelve estructural; y un cuadro macroeconómico optimista basado en el corto plazo. Es una propuesta cortoplacista para ganar tiempo, que aplaza y enquista problemas, con un perjuicio estructural que pone en riesgo a la economía española en el medio y largo plazo, que se deteriora y asume unos niveles de gasto que España no puede soportar por mucho tiempo, con la presión adicional del incremento del gasto en servicios públicos que se producirá por la irresponsable regularización de inmigrantes ilegales, peso del gasto que cargará sobre las CCAA, asfixiándolas, y sobre los contribuyentes, que ya no dan más de sí para pagar más impuestos. Si no fuese por el respaldo tácito del BCE con la herramienta antifragmentación, la prima de riesgo española estaría disparada de nuevo.
Es la base del crecimiento del Gobierno: gasto, gasto y gasto, junto con un incremento de población poco productivo, que lleva a que se sustituya talento por bajo valor añadido, que redundará en un deterioro todavía mayor de productividad, mal que aqueja a la economía española. En definitiva, es un techo de gasto que es una irresponsabilidad, en clave electoralista, pero que analizado en perspectiva dicho electoralismo se extiende a todo el período: como antes se menciona, crece tanto el gasto entre 2018 y 2027 como era el nivel de gasto en 2018.