Cada verano se repite la misma escena en las residencias privadas españolas: enfermeras, gerocultoras y auxiliares hacen las maletas rumbo al sistema público sanitario y social, atraídos por mejores condiciones y más proyección profesional. Lo que durante años se explicó como un simple efecto estacional —vacaciones, sustituciones, mayor tensión organizativa— se ha consolidado como algo más profundo: un problema estructural que atraviesa el sector de la dependencia los doce meses del año.
En el centro de ese desajuste late la financiación pública. Buena parte de las plazas en residencias privadas son plazas concertadas: la Administración las "compra" a un precio que ella misma fija para atender a quienes tienen derecho a una prestación pública. El problema es que ese precio no siempre camina al mismo paso que los costes reales del servicio —personal, alimentación, energía, cumplimiento normativo— y se actualiza con una lentitud que la realidad no perdona. Con el ingreso por plaza corto de recorrido, a las empresas les queda poco margen para mejorar salarios o reforzar plantillas, y es ahí donde compiten en desventaja frente a hospitales y servicios sociales públicos, ajenos a esa misma tarifa. El resultado es una paradoja incómoda: una profesión con tasas de paro mínimas que, aun así, no logra cubrir sus vacantes.
Para analizar este panorama hemos hablado con Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) desde 2019 y al frente también del Grupo Casablanca. Fernández-Cid lleva meses advirtiendo de un déficit de profesionales que la propia patronal cifra ya en torno a 160.000 trabajadores, una cifra que, según sus previsiones, podría dispararse en los próximos años si no se adoptan medidas urgentes. En esta entrevista repasa el diagnóstico del sector y detalla la propuesta de la FED para frenar la fuga de profesionales.
1. Cada verano se repite el mismo patrón: el personal de las residencias privadas emigra hacia el sector público sanitario y social, que ofrece no solo mejores condiciones por el mismo trabajo, sino también una mayor proyección laboral. ¿Es ya un problema estructural a nivel nacional, más allá de la estacionalidad del verano?
Sí, claramente es un problema estructural. El verano lo hace más visible porque coinciden las vacaciones, las sustituciones y una mayor tensión organizativa, pero la dificultad para atraer y retener profesionales existe durante todo el año.
Hoy, el principal reto del sector es la falta de profesionales. Y esa escasez está estrechamente ligada a otro problema de fondo: una financiación insuficiente que limita la capacidad para ofrecer mejores condiciones laborales y hacer del cuidado una opción profesional más atractiva.
El sector de la dependencia compite por perfiles profesionales con el sistema sanitario público, con hospitales, centros de salud, servicios sociales públicos y otros ámbitos asistenciales. Y esa competencia no se produce en igualdad de condiciones. El sector privado concertado presta un servicio público esencial, pero muchas veces lo hace con tarifas públicas que no cubren adecuadamente los costes reales.
Por tanto, no estamos hablando únicamente de un problema de gestión interna de las empresas. Estamos ante un problema de país: España necesita muchos más profesionales de cuidados y necesita que cuidar sea una opción profesional atractiva, estable y reconocida.
2. El sector de los cuidados tiene una de las tasas de paro más bajas de España, y aun así las empresas no logran cubrir las vacantes. ¿Qué le dice eso sobre el atractivo real de la profesión más allá del salario?
Nos dice que el principal problema del sector es la falta de profesionales. Hay empleo, sí, pero necesitamos que más personas quieran desarrollar su carrera en los cuidados. Para conseguirlo debemos hacer de esta una profesión atractiva, reconocida y con recorrido.
El trabajo en cuidados exige responsabilidad, formación, capacidad emocional, trato humano y una enorme implicación. Sin embargo, durante muchos años no ha tenido el reconocimiento social que merece. Se ha visto como un trabajo vocacional, pero no siempre como una profesión esencial y cualificada.
Además del salario, influyen otros factores como la estabilidad, la conciliación, la carga emocional, las posibilidades de promoción, la formación continua, el reconocimiento social y el apoyo institucional. Pero todo ello requiere también una financiación suficiente que permita seguir mejorando las condiciones laborales y reforzar las plantillas.
Si queremos atraer talento joven, debemos construir itinerarios profesionales claros y prestigiar el cuidado como un sector de futuro.
3. Se calcula que un profesional de cuidados puede trabajar bastantes más horas anuales en el sector privado que en el público por un salario similar o inferior. ¿Qué margen real tienen las empresas para cerrar esa brecha mientras dependan del precio que fija la Administración?
El margen es limitado cuando una parte muy relevante de la financiación depende de precios públicos, conciertos o prestaciones fijadas por la Administración. Si la tarifa pública no refleja el coste real del servicio, la capacidad de mejora de las empresas se reduce mucho.
Las empresas pueden y deben hacer esfuerzos de gestión, organización y eficiencia, pero hay un límite evidente. No se pueden mejorar salarios, reforzar plantillas, invertir en calidad ni asumir costes energéticos, alimentarios, normativos y laborales crecientes si la financiación pública no acompaña.
Y eso tiene una consecuencia directa: dificulta atraer y fidelizar profesionales. La falta de profesionales es hoy el principal reto del sector, pero para resolverlo necesitamos una financiación que permita mejorar progresivamente las condiciones laborales y hacer más competitiva la profesión.
4. Ante todo este panorama, ¿qué propone la FED?
Proponemos un plan integral para el sector de la dependencia. No medidas aisladas, sino una auténtica estrategia de país.
En primer lugar, afrontar el gran reto que tiene hoy el sistema: la falta de profesionales. Para ello es imprescindible contar con una financiación suficiente y estable, con tarifas públicas ajustadas al coste real de los servicios, que permita seguir mejorando las condiciones laborales y reforzando las plantillas.
En segundo lugar, una estrategia nacional de profesionales de cuidados, que incluya formación, reconocimiento, captación de talento joven, estabilidad y mejora progresiva de las condiciones laborales. Si no hay suficientes profesionales en España, habrá que establecer mecanismos estables para incorporar trabajadores de terceros países y agilizar los procedimientos de homologación de sus titulaciones, que hoy tardan años cuando deberían resolverse en pocos meses.
En tercer lugar, avanzar hacia una coordinación sociosanitaria real. Las residencias no son hospitales, pero atienden a personas con necesidades sanitarias cada vez más complejas. Es imprescindible contar con el apoyo efectivo de la atención primaria, una historia clínica compartida y protocolos comunes.
En cuarto lugar, garantizar seguridad jurídica y estabilidad normativa. El sector está muy regulado y sometido a múltiples controles, por lo que cualquier cambio debe ser proporcionado, claro, viable y sostenible.
Y, por último, planificar a largo plazo. España envejece rápidamente y necesitamos anticipar cuántos recursos, plazas, profesionales y servicios serán necesarios en los próximos años.
5. Usted lleva años denunciando la falta de personal en el sector, desde la pandemia hasta hoy. ¿Qué ha cambiado realmente en este tiempo y qué sigue exactamente igual?
Ha cambiado la conciencia social sobre la importancia de los cuidados. La pandemia evidenció que las residencias y los servicios de dependencia son esenciales. También ha cambiado el perfil de las personas atendidas: hoy llegan con más edad, mayor dependencia, más deterioro cognitivo y necesidades sanitarias cada vez más complejas.
Pero hay cuestiones que siguen igual. La financiación continúa siendo insuficiente en muchos territorios y, como consecuencia, la falta de profesionales se ha agravado. La coordinación sociosanitaria sigue sin resolverse y el reconocimiento del sector aún no se corresponde con la importancia que tiene para nuestra sociedad.
Hemos avanzado en el diagnóstico, pero ahora necesitamos avanzar con decisión en las soluciones.
6. Si tuviera que resumir en una sola medida lo más urgente que necesita el sector ahora mismo para frenar esta sangría de profesionales, ¿cuál sería?
El reto más urgente es frenar la falta de profesionales. Y para conseguirlo necesitamos una financiación pública suficiente, finalista y vinculada al coste real de los servicios.
Solo con una financiación adecuada podremos seguir mejorando las condiciones laborales, reforzar las plantillas, invertir en formación, modernizar los centros y hacer más atractivo el sector para atraer y retener talento.
Porque sin profesionales no hay cuidados de calidad. Y sin una financiación suficiente será muy difícil disponer de los profesionales que España necesita para afrontar el reto del envejecimiento de su población.