Durante siglos, el andamiaje del derecho y del orden espontáneo del mercado descansó sobre una premisa innegociable: la libertad individual es inseparable de la responsabilidad. Quien decidía, arriesgaba; quien erraba, asumía las pérdidas; y quien acertaba, recogía los frutos de su acierto o prudencia. El aforismo clásico caveat emptor no constituía una invitación al desamparo de la parte débil, sino el reconocimiento implícito de la dignidad del individuo como sujeto moral autónomo, dotado de razón y capacitado para gobernar su propia existencia sin necesidad de amos ni tutores.
Ese principio fundacional ha saltado por los aires. Asistimos a una peligrosa ósmosis entre la arena electoral y la esfera económica: el mercado se ha contaminado de los peores vicios de la democracia de masas, transformando al consumidor moderno en un calco exacto del votante irresponsable.
En la política contemporánea, el acto de votar ha quedado completamente disociado de sus consecuencias prácticas y morales. El sufragio se ejerce con la ligereza del capricho o del resentimiento. El elector respalda programas abiertamente confiscatorios, premia la demagogia más burda o valida un endeudamiento suicida con la certeza psicológica de que jamás responderá patrimonialmente del desastre provocado en las cuentas públicas. Cuando la realidad pasa su inexorable factura en forma de inflación, degradación institucional o desempleo, el votante no asume su negligencia ni entona el mea culpa; al contrario, redobla su exigencia para que el Estado providencia intervenga, emita deuda y traslade el quebranto a las siguientes generaciones. El gobernante encuentra en este chantaje su mejor caladero: promete subsidiar el error ajeno a cambio de fidelidad en las urnas.
Esa misma dinámica clientelar ha colonizado el ámbito privado. El consumidor actual exige autonomía absoluta para contratar, invertir, endeudarse o consumir según su arbitrio, pero en cuanto el resultado no colma sus expectativas o sobreviene la incertidumbre consustancial a la vida, corre a declararse formalmente incapaz. Al igual que el votante exige que el rescate público cubra su miopía electoral, el cliente acude de inmediato al amparo del juez o del regulador, alegando haber sido víctima indefensa de un engaño estructural.
Bajo la bandera del proteccionismo social, el legislador y los tribunales han consagrado una ficción devastadora: cualquier quebranto individual debe atribuirse a un vicio en el consentimiento o a una asimetría insalvable. El poder político fomenta esta infantilización porque le otorga la coartada idónea para expandir su intervencionismo sobre la sociedad civil. Se ha liquidado de facto el deber de diligencia debida. Si informarse antes de firmar, examinar los riesgos de una operación financiera o gestionar con prudencia el propio patrimonio carece de incentivo —puesto que el sistema garantiza la anulación judicial del error ajeno—, la responsabilidad deja de ser una virtud cívica y se transforma en una molestia prescindible.
La consecuencia directa es la asfixiante judicialización de la vida económica. Todo contrato nace bajo sospecha y cualquier transacción ordinaria queda en suspenso a la espera de un arbitraje protector. Sin embargo, frente a esta marea de irresponsabilidad ciudadana, la respuesta corporativa e institucional aguas arriba no ha sido el fortalecimiento de la excelencia profesional ni la asunción del riesgo por parte del gestor, sino la consagración defensiva del protocolo.
En las cúpulas directivas y en la administración pública, el juicio prudencial y la valentía ejecutiva han sido sustituidos por una maraña infinita de descargos de responsabilidad, firmas compulsivas y manuales de cumplimiento normativo (compliance). El protocolo burocrático ya no busca la calidad del servicio ni la protección efectiva del ciudadano; opera estrictamente como un blindaje procesal. Cuando el desastre estalla, ningún alto cargo ni directivo responde con su patrimonio, su puesto o su prestigio: le basta con exhibir el cumplimiento formal del procedimiento tipificado. La culpa personal se disuelve cómodamente en el organigrama.
El resultado de esta pinza entre el votante-consumidor irresponsable y la élite parapetada en el protocolo es un sistema moralmente quebrado. La culpa individual ha desaparecido, pero el quebranto económico no se evapora: se socializa. Se traduce en primas de seguro astronómicas, litigiosidad crónica, costes regulatorios inasumibles y una pérdida brutal de dinamismo productivo. En última instancia, cuando el agujero desborda a los agentes privados, la factura de los rescates, directos o encubiertos, termina invariablemente endosada al contribuyente.
Esta dinámica encierra una amenaza terminal para el orden liberal y la sociedad abierta. Quien se acostumbra a delegar el riesgo y a desentenderse de los efectos de sus decisiones económicas termina aceptando sin resistencia que el poder político tutele su lenguaje, su dieta, su moral y sus hábitos cotidianos. Es el triunfo definitivo de la servidumbre voluntaria: una masa de menores de edad perpetuos que han entregado su libertad individual a cambio del espejismo de un mundo sin fracaso ni consecuencias.
Recuperar el rumbo exige una enmienda a la totalidad de esta cultura de la exoneración. No habrá regeneración institucional, ni seguridad jurídica, ni prosperidad sostenible mientras el mercado siga funcionando como un parlamento populista. O devolvemos al individuo el honor y el coste innegociable de responder de sus propios actos —tanto en la cabina de votación como en la firma de un contrato—, o acabaremos sepultados bajo una tiranía bienintencionada de burócratas armados con protocolos y ciudadanos despojados de su condición de adultos.