La campaña electoral brasileña acaba de devolver a Luiz Inácio Lula da Silva a un terreno que conoce demasiado bien. A pocas semanas de las elecciones presidenciales de octubre, cuando el veterano dirigente izquierdista aspira a lograr un nuevo mandato al frente de la principal potencia latinoamericana, la corrupción vuelve a ocupar el centro del debate político. Esta vez, además, el problema alcanza directamente al círculo familiar del presidente: Fábio Luís Lula da Silva, conocido popularmente como Lulinha e hijo mayor del mandatario, está siendo investigado por la Policía Federal por sospechas de tráfico de influencias y posibles negocios irregulares con organismos del propio Gobierno que dirige su padre.
El momento político difícilmente podría ser peor para Lula. Las encuestas siguen situándolo en cabeza, pero su ventaja sobre Flávio Bolsonaro se ha ido estrechando a medida que avanza la campaña. Un sondeo CNT/MDA publicado en agosto otorgaba al presidente un 42,4% de los votos en primera vuelta, frente al 28,7% del senador conservador, pero en un eventual cara a cara en segunda ronda la distancia se reducía hasta el 48% frente al 39,1%. Otros estudios han dibujado márgenes todavía más ajustados, mientras la valoración de la gestión presidencial se mueve en cifras prácticamente empatadas entre aprobación y rechazo.
En ese escenario extremadamente polarizado, el caso Lulinha amenaza con neutralizar precisamente una de las armas que el Partido de los Trabajadores pretendía emplear contra el candidato bolsonarista. El entorno de Lula había tratado de explotar las controversias que afectan a Flávio Bolsonaro y a distintas figuras próximas a la derecha brasileña, pero las nuevas revelaciones relacionadas con el hijo del presidente han devuelto la corrupción al campo del propio Gobierno. Para el lulismo, el problema no es solamente judicial. Es, sobre todo, político: vuelve a situar en primer plano una palabra que durante años estuvo asociada al Partido de los Trabajadores y que Lula había conseguido apartar parcialmente del debate público tras su regreso al poder.
¿Qué se investiga exactamente?
El personaje central de la nueva tormenta es Fábio Luís Lula da Silva. La Policía Federal investiga distintas líneas relacionadas con sus actividades y con personas de su entorno. Una de ellas estudia un posible tráfico de influencias relacionado con el Ministerio de Salud; otra analiza posibles irregularidades vinculadas a Dataprev, la empresa pública que gestiona buena parte de los datos del sistema de pensiones; y una tercera se ocupa de negocios que habrían buscado acceso privilegiado a organismos de la Administración Federal. Lulinha niega cualquier irregularidad y su defensa sostiene que las filtraciones tienen una evidente dimensión política y electoral.
Una parte de las pesquisas nace de la Operación Sem Desconto, el gigantesco caso de fraude relacionado con descuentos no autorizados en las prestaciones de jubilados y pensionistas del INSS. La Policía Federal calcula que aquel esquema pudo mover alrededor de 6.300 millones de reales (1.050 millones de euros) entre 2019 y 2024. Uno de los principales investigados es el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido en Brasil como el Careca do INSS. Al analizar sus comunicaciones y movimientos financieros, los investigadores encontraron conexiones que terminaron conduciendo hasta personas próximas al hijo del presidente.
Entre esas figuras aparece la empresaria Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha. Según las investigaciones, una empresa vinculada a Antunes transfirió importantes cantidades a una compañía relacionada con Luchsinger. En uno de los mensajes intervenidos, el lobista habría solicitado una transferencia para "el hijo del tipo". Los investigadores tratan de determinar a quién hacía referencia exactamente esa expresión y consideran la posible relación económica entre Antunes, Luchsinger y Fábio Luís Lula da Silva. De momento, se trata de hipótesis de investigación y no de hechos probados judicialmente, pero los avances de la magistratura están siendo contundentes.
Estas pesquisas han abierto además una segunda vía particularmente incómoda para el Palacio de Planalto, puesto que la Policía Federal analiza también si Lulinha pudo mantener intereses económicos comunes con Luchsinger y otros empresarios en proyectos relacionados con el cannabis medicinal que pretendían acceder a programas o contratos del Ministerio de Salud. Los investigadores manejan la hipótesis de que existiese una estructura informal desde la que se buscaban contratos públicos, cambios regulatorios y acceso a responsables de la Administración.
Las comunicaciones intervenidas añaden elementos especialmente delicados. Luchsinger habría afirmado en distintas conversaciones que actuaba en representación de Lulinha y esperaba obtener una participación económica en algunos de esos proyectos. La Policía Federal investiga hasta qué punto el hijo del presidente tenía capacidad de decisión o intereses directos en dichas operaciones. Su defensa rechaza esa interpretación y niega que existiera tráfico de influencias.
La trama alcanza asimismo a antiguos responsables de confianza de Lula. Los investigadores analizan pagos y transferencias realizados en favor de personas que habían ocupado cargos próximos al presidente y que, al mismo tiempo, mantenían contactos con empresarios interesados en negociar con el Ministerio de Salud. Las explicaciones ofrecidas hasta ahora sostienen que se trataba de relaciones privadas, préstamos o acuerdos particulares, pero el cruce entre dinero, intermediarios y acceso a altos cargos ha convertido el asunto en material explosivo en plena campaña electoral.
Las pesquisas siguen abiertas, las defensas niegan las acusaciones y buena parte de las diligencias permanece bajo secreto judicial, pero electoralmente estos matices pueden resultar insuficientes. Una campaña presidencial no funciona con los tiempos ni con los estándares probatorios de un tribunal. Y el problema para Lula es que determinadas palabras —lobistas, ministerios, contratos públicos, intermediarios, transferencias y familiares del presidente— remiten inevitablemente a una etapa de la historia reciente brasileña que el propio mandatario protagonizó de forma vergonzante.
De Petrobras y Odebrecht a los 580 días de Lula en prisión
En este sentido, no hay que olvidar que el actual presidente brasileño pasó 580 días en prisión, entre abril de 2018 y noviembre de 2019, después de haber sido condenado por corrupción pasiva y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Lava Jato. Las condenas fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo, que determinó que la jurisdicción de Curitiba no era competente para juzgar aquellas causas. Con esta polémica y discutida decisión, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo volver a presentarse a las elecciones. Jurídicamente, las condenas dejaron de estar vigentes, pero políticamente resulta mucho más difícil borrar lo ocurrido.
Y es que el caso Lava Jato no fue un escándalo menor. La investigación reveló durante años un gigantesco sistema de corrupción que afectó a Petrobras, grandes constructoras, intermediarios, empresarios y dirigentes políticos de distintos partidos. Las compañías que obtenían contratos de la petrolera pública inflaban determinados proyectos o repartían licitaciones y, a cambio, parte de esos recursos terminaba financiando sobornos o estructuras políticas. Las autoridades brasileñas llegaron a reclamar la recuperación de más de 13.000 millones de reales (2.200 millones de euros) vinculados a los casos investigados.
Odebrecht convirtió además el escándalo brasileño en una trama continental. La constructora reconoció haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos relacionados con más de cien proyectos repartidos por una docena de países. La compañía llegó a crear una estructura interna específicamente diseñada para gestionar esos pagos ilícitos, conocida como División de Operaciones Estructuradas. Odebrecht y Braskem terminaron aceptando sanciones y acuerdos por un importe conjunto de al menos 3.500 millones de dólares con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza. El caso acabó salpicando gobiernos, presidentes, ministros y partidos de buena parte de América Latina.
Sería incorrecto atribuir a Lula la totalidad de aquel gigantesco sistema, de la misma manera que sería absurdo reducir Lava Jato exclusivamente al Partido de los Trabajadores. La corrupción atravesaba buena parte del sistema político y empresarial brasileño. Pero también resulta imposible ignorar que una porción importante de esos hechos ocurrió durante los largos años en que el PT controló el Gobierno Federal y Petrobras se encontraba bajo la dirección política de administraciones encabezadas primero por Lula y después por Dilma Rousseff.
Antes incluso del estallido del caso Lava Jato, el Mensalão había demostrado hasta qué punto la corrupción podía penetrar en las estructuras del oficialismo. Aquel esquema consistía en el pago sistemático a parlamentarios para garantizar apoyo político al Gobierno y terminó con importantes dirigentes del PT condenados por el Tribunal Supremo. Lula consiguió sobrevivir electoralmente al escándalo y terminó sus dos primeros mandatos con índices extraordinarios de popularidad, pero la acumulación posterior de casos terminó erosionando profundamente la imagen construida durante aquellos años.
La crisis acabó alcanzando también a Dilma Rousseff, sucesora de Lula y elegida dos veces presidenta con las siglas del Partido de los Trabajadores. Es importante precisar que Rousseff no fue destituida por una condena penal de corrupción. La destitución en 2016 se fundamentó formalmente en maniobras presupuestarias, las conocidas pedaladas fiscales, y en operaciones financieras consideradas contrarias a las normas fiscales brasileñas. Sin embargo, sería igualmente ingenuo separar por completo su caída del clima político provocado por Petrobras, Lava Jato y el hundimiento de la credibilidad del PT.
El resultado fue histórico. Dilma perdió la presidencia, Lula terminó en prisión y el Partido de los Trabajadores, que durante más de una década había parecido la fuerza dominante de Brasil, quedó arrasado electoralmente. Ese vacío permitió el ascenso de Jair Bolsonaro, que convirtió la lucha contra la corrupción, el rechazo al PT, la inseguridad y el conservadurismo cultural en los principales motores de una coalición política que terminaría llevándolo al Palacio de Planalto.
Lula protagonizó después una resurrección política insospechada. Tras la anulación de sus condenas, recuperó sus derechos políticos, derrotó por un margen mínimo a Bolsonaro en 2022 y regresó a la Presidencia en enero de 2023. Durante buena parte de este mandato ha tratado de presentar aquellos años como una etapa superada. Por eso las noticias sobre Lulinha resultan especialmente tóxicas. No se trata solamente de determinar si su hijo cometió algún delito, sino de que vuelven a aparecer exactamente los ingredientes que el lulismo necesitaba mantener lejos de la campaña: familiares del presidente, intermediarios, dinero, empresas, ministerios y sospechas de tráfico de influencias.
Flávio Bolsonaro: heredar a su padre sin copiarlo
Enfrente aparece, además, un Bolsonaro distinto. Jair Bolsonaro no puede concurrir a estos comicios y la derecha ha terminado agrupándose alrededor de su hijo Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro y heredero de buena parte de la estructura política construida por el expresidente. Su principal desafío consiste precisamente en conservar el gigantesco electorado bolsonarista sin convertirse simplemente en una copia de su padre. Flávio necesita movilizar a la derecha religiosa, conservadora y antipetista, pero también recuperar a los votantes liberales y moderados que compartían buena parte del programa económico de Bolsonaro.
En economía, la candidatura está intentando reconstruir deliberadamente el puente con la etapa de Paulo Guedes. El equipo incorpora figuras que participaron en la anterior Administración Bolsonaro y perfiles vinculados a los mercados, la energía, las infraestructuras y la agenda liberal. El diagnóstico parte de una crítica al deterioro fiscal registrado durante el actual mandato de Lula y propone recuperar una política más favorable a la inversión privada, limitar el crecimiento del gasto, contener la deuda, reducir subvenciones y crédito público dirigido.
Flávio también pretende recuperar la agenda de privatizaciones y concesiones impulsada durante la etapa de Guedes, aunque con un tono menos abrupto. Brasil continúa disponiendo de un enorme patrimonio empresarial público y mantiene importantes barreras regulatorias y fiscales que lastran la productividad. La derecha quiere explotar el recuerdo de las reformas aprobadas entre 2019 y 2022, desde la liberalización de determinados mercados hasta los avances en saneamiento, infraestructuras y autonomía del Banco Central, para reivindicar una segunda oleada reformista.
Políticamente, sin embargo, no existe ninguna ruptura con el corazón ideológico del bolsonarismo. Flávio mantiene una posición conservadora en las cuestiones culturales, una relación especialmente estrecha con las iglesias evangélicas, una visión favorable a Estados Unidos y una estrategia de seguridad mucho más dura que la defendida por la izquierda. Su programa apuesta por aumentar las penas, reforzar las fronteras, ampliar la capacidad penitenciaria, aislar a los dirigentes de las grandes organizaciones criminales y combatir a unas facciones que han adquirido un enorme poder territorial y económico.
La apuesta de Flávio consiste, en definitiva, en ofrecer una versión más previsible del bolsonarismo: liberal en economía, conservadora en valores y dura frente al crimen, pero menos caótica en las formas. Si consigue mantener intacta la base electoral de su padre y al mismo tiempo reducir el rechazo que Jair Bolsonaro provocaba entre amplias capas del centro político, Lula puede encontrarse ante un adversario bastante más competitivo de lo que esperaba cuando comenzó el año.
Una campaña mucho más abierta de lo esperado
Lula continúa siendo favorito. Mantiene una formidable maquinaria política, conserva una importante implantación entre los votantes de rentas más bajas y sigue disfrutando de una enorme ventaja en buena parte del nordeste del país. Pero Brasil está profundamente polarizado y las diferencias entre los dos grandes bloques ideológicos son cada vez menores. El presidente ya no dispone de la popularidad casi hegemónica que exhibía al final de su segundo mandato y buena parte de los brasileños contempla con preocupación la evolución de la seguridad, las cuentas públicas y el coste de la vida.
La situación fiscal constituye precisamente otro de sus puntos débiles. Durante los últimos años, la deuda pública ha seguido creciendo y los mercados han reclamado reiteradamente al Gobierno una estrategia más convincente para estabilizar las cuentas. Lula ha mantenido una política de gasto expansiva y ha chocado en distintas ocasiones con las restricciones del nuevo marco fiscal. Para la oposición, este deterioro ofrece una oportunidad evidente de recuperar el discurso económico liberal que tan importante resultó para la victoria de Bolsonaro en 2018.
En ese contexto, el caso Lulinha puede tener una repercusión mucho mayor que la que tendrían unas diligencias similares en otro momento del ciclo político. Lula no necesita que su hijo sea condenado antes de octubre para sufrir las consecuencias electorales de la investigación. Basta con que cada semana aparezcan nuevas comunicaciones, transferencias, intermediarios, reuniones ministeriales o diligencias policiales. Cada revelación obliga al presidente a responder sobre corrupción cuando su estrategia necesitaba hablar de empleo, crecimiento, políticas sociales y estabilidad.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Lula consiguió regresar al poder después de que la Justicia anulase las condenas que parecían haber terminado definitivamente con su carrera. Cuatro años después de aquella victoria, llega nuevamente a unas elecciones como presidente y favorito, pero vuelve a encontrarse ante el mismo fantasma político que lleva persiguiendo al lulismo desde hace dos décadas. Esta vez no es Lula quien figura directamente en los procedimientos, sino su hijo. Desde un punto de vista judicial, la diferencia es enorme.
Brasil decidirá en octubre si concede a Lula otro mandato. Hasta hace pocas semanas, la campaña parecía destinada a girar fundamentalmente alrededor de la economía, la seguridad, la polarización y el legado de Jair Bolsonaro. La irrupción del caso Lulinha ha cambiado esa ecuación. Después del Mensalão, Petrobras, Odebrecht, Lava Jato, la caída de Dilma y los 580 días que el propio Lula pasó entre rejas, la corrupción vuelve a llamar a la puerta del Partido de los Trabajadores. Y esta vez lo hace cuando las urnas están ya demasiado cerca.