Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha señalado que, si sale adelante el nuevo real decreto que planea el Gobierno sobre los centros de datos, se pondrían en peligro hasta 9.000 millones de euros en inversiones en este tipo de instalaciones en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si se aprueba la norma.
La raíz del asunto está en que el Gobierno de Pedro Sánchez exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable (cada hora de funcionamiento) al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según se desprende del real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los "data centers".
El presidente de esta asociación, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Ejecutivo a sentarse a dialogar sobre la cuestión, ya que el sector no tenía conocimiento de los planes del Gobierno y el real decreto incluye "cosas que eran muy graves" para la industria. En palabras de Díaz, "desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones".
Hasta 9.000 millones en peligro por culpa del real decreto
Díaz ha asegurado que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto, cuyos nombres no se han desvelado, representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030. No obstante, no sólo estarían en peligro estas inversiones sino el 80% o 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
Según afirma el presidente de Spain DC, "las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. España no compite consigo misma, si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país".
A este respecto, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han manifestado en contra de este real decreto. Para la Comunidad de Madrid, se trata de una iniciativa legislativa que "frenará la inversión y restará competitividad a España", por lo que rechaza el texto del real decreto. En la región madrileña existen actualmente 56 proyectos de centros de datos, 15 de ellos en construcción y los otros 41 ya diseñados, que representarían una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y permitirían generar entre 17.000 y 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Varias CCAA del PP y hasta del PSOE se han quejado
Para la Comunidad de Aragón, con los requisitos que plantea el real decreto "ni uno sólo de los centros de datos proyectados puede seguir adelante y se comprometen también otras industrias". Su consejera de Economía, Eva Valle, explicaba este viernes que "ningún centro de datos en tramitación puede actualmente cumplir con los requisitos del Real Decreto, las inversiones pendientes están en peligro en Aragón".
También la Junta de Andalucía ha considerado que la redacción actual impone restricciones de imposible cumplimiento para el desarrollo de un sector estratégico para Andalucía. La Junta advierte que el texto "impone cargas administrativas desproporcionadas, genera inseguridad jurídica y se traduce en la práctica en una restricción casi total al establecimiento y ampliación de este sector".
Sin embargo, también la Comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE de Emiliano García-Page, ha criticado esta medida. En palabras del presidente autonómico, pronunciadas este miércoles, "vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales. ¿Por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?"