Desde hace ya algunos días la presidenta de la Comunidad de Madrid ha colocado el problema de la okupación y de la inquiokupación en el centro del debate, irritando a izquierda y derecha del espectro político. El pasado 4 de febrero recibió en la Real Casa de Correos a representantes de la Plataforma de Afectados por la Okupación; este pasado lunes se reunió con Teresa, una mujer de 82 años a quien unos inquiokupas le han arrebatado su casa; y este jueves su grupo parlamentario llevó esta cuestión a la Asamblea.
Y en mitad de esta agenda, el pasado 10 de febrero, el delegado del Gobierno trató de minimizar el problema asegurando que las okupaciones de viviendas en la región se redujeron en un 52% en 2024 con un total de 1.300 frente a las 2.500 que se registraron en 2023. A Francisco Martín se ha sumado en las últimas horas Óscar López que, en declaraciones a los medios, aseguró que la inquiokupación "afecta solo al 0,00000005%" de los madrileños. "Y puedo poner los ceros que haga falta", añadió con sorna el líder del PSOE-M y ministro de Transformación Digital y Función Pública para referirse a esta modalidad protagonizada por inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar una vivienda que no es suya.
"Veo cómo se juega con las cifras...", lamentó este viernes Isabel Díaz Ayuso. "Parece que si (éstas) no son apabullantes", el problema "no es importante". Pero "sí, son muchas" víctimas "y en crecimiento", afirmó. Pero es que aunque hubiera una sola víctima, sería "gravísimo porque es una persona a la que le han quitado su propiedad, que es un derecho constitucional fundamental", subrayó. "Si nos lo tomamos a broma, porque parece que son pocas, estaríamos siendo profundamente canallas con la gente a la que le han quitado su casa".
"Creo que no es un debate para frivolizarlo, porque tiene nombre, tiene ojos, tiene cara, son personas, muchas vulnerables o que no lo eran y se convierten en vulnerables. Si desde las administraciones frivolizamos con el fenómeno de la ocupación y, especialmente, la inquiocupación, que no deja de multiplicarse especialmente entre los pequeños tenedores, es decir, ciudadanos que tienen una vivienda, esto solo va a ir a más", advirtió la presidenta.
Las declaraciones del líder de los socialistas madrileños han despertado también la indignación de las víctimas, que las han tachado de "desafortunadas", "inapropiadas" y carentes de "humanidad". Desde la Plataforma de Afectados por la Okupación recuerdan que, en estos momentos, "la inquiokupación es la forma más extendida de okupación en España, suponiendo un 400% más de casos que los allanamientos y usurpaciones". Y las cifras oficiales, recuerdan, no la tienen en cuenta al originarse a través de un contrato de alquiler.
La Comunidad de Madrid, asimismo, alerta de que se han disparado los casos que atiende a través del servicio 112 Ocupación. En un mes se han duplicado las llamadas a este teléfono: 56 registradas en la primera semana de febrero frente a las 32 de la primera semana de enero. Este servicio, que comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022, ha tenido un total de 3.826 llamadas hasta el 3 de febrero de 2025. Desde entonces, 219 ciudadanos han sido atendidos y en 42 ocasiones los profesionales han podido evitar la okupación de una vivienda.
Carta al Defensor del Pueblo
La presidenta ya se ha dirigido por carta al Defensor del Pueblo para poner en su conocimiento el caso de Teresa y otras dos víctimas más, con nombre y apellidos. Todos ellos "muestran claramente la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas efectivas lo antes posible para proteger un derecho tan importante como es de la propiedad privada", señala la presidenta en su misiva.
"Este tipo de situaciones no pueden quedar sin una respuesta eficaz en un Estado de Derecho como es España. Las instituciones debemos trabajar para defender los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y no se pueden amparar bajo ninguna consideración conductas delictivas que generan tanto sufrimiento, daño a las personas, a la convivencia, la confianza en el futuro y en las instituciones, y a la propia seguridad jurídica de todos", señala. Así las cosas, Ayuso pide a Ángel Gabilondo que actué "por fin" en defensa de los derechos de estas personas, "haciendo efectivo su derecho a la propiedad, su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores, exigiendo a la Administración General del Estado que tome las medidas oportunas para mejorar la seguridad y dar cumplimiento a estos derechos constitucionales".
Esta nueva contienda, en la que la presidenta madrileña entra de lleno, se produce la misma semana en que el PP ha votado a favor del decreto ómnibus que incluía, además de la revalorización de las pensiones y la ayuda al transporte público, mayor protección a los okupas ante los casos de desahucio. Y es en esto donde pone el foco Vox, a quien Ayuso ha arrebatado uno de los tres puntos sobre los que pivota su argumentario en Madrid, junto a las leyes trans y la inmigración y la inseguridad, estos dos últimos van de la mano para los de Santiago Abascal.
"En lugar de venir a este Pleno a intentar hablar como Vox, a intentar paliar los efectos de las decisiones que se toman en Génova, lo que tiene que hacer la señora Ayuso es preguntarle a Feijóo por qué apoyaron ayer este decreto que blinda los intereses de los okupas y de los inquiokupas", espetó este jueves su portavoz, Isabel Pérez Moñino desde la Asamblea.
Hasta el portavoz nacional de la formación en materia de vivienda, Carlos H. Quero, salió esta semana a arremeter contra la presidenta a la que acusó de haber engañado a los madrileños con falsas promesas mientras perpetúa las mismas políticas que han convertido la vivienda en un bien inaccesible. "Votáis a favor de la inquiocupación y de cargaros la seguridad jurídica en el mercado de alquileres". Y, en línea con el discurso de la izquierda, afirmó que el Gobierno madrileño beneficia a las grandes fortunas extranjeras a través de ventajas fiscales, mientras que las familias españolas quedan atrapadas entre precios desorbitados y la falta de ayudas.