El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido ignorar el requerimiento del Ministerio de Sanidad para que la Comunidad de Madrid creara un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos y dejará en manos de la Justicia la decisión de la implantación de este listado. "Preferimos que sea un tribunal el que nos indique qué hay que hacer, en vez de una ministra sectaria o un Gobierno sectario", explicó la consejera del ramo, Fátima Matute.
El Ejecutivo central ha emprendido ya acciones legales que han sido anunciadas por el propio presidente Pedro Sánchez. "La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales".
A este mensaje escrito en la red social X, antes Twitter, ha respondido personalmente Ayuso. "Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado".
Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia.
Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado. https://t.co/kDLTeFCuGl
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 17, 2025
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid trasladan a Libertad Digital que en la región se practicaron en 2024 un total de 20.883 abortos, una cifra ligeramente superior a la de 2023, que fue de 20.482. De ellos, casi 3.000 mujeres provenían de otras comunidades autónomas, principalmente de Castilla-La Mancha.
Para la presidenta, "de leyes sectarias" solo se pueden encontrar "respuestas sectarias como la suya, a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como el de conciencia". En este sentido se ha preguntado "dónde queda la libertad" de los profesionales sanitarios para decidir si quieren estar en esa lista. "Y es que nosotros la objeción de conciencia es lo que defendemos".
"Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar en base a su conciencia", explicó Ayuso a los medios foro Melilla, un lugar para vivir e invertir, una puerta al comercio exterior, celebrado en la sede de la CEOE.
Por su parte, la consejera Matute señaló que "con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental. Del tribunal evidentemente se acatará la decisión, pero como digo, con la Constitución en la mano, también lucharemos por defender los derechos de libre objeción y de conciencia que tengan los profesionales sanitarios".
Mientras, la ministra ha calificado esta decisión de la Comunidad de Madrid de un ataque al Estado de derecho. A este respecto, ha incidido en que el procedimiento que presentará el Gobierno en el contencioso-administrativo "está en manos de la Abogacía del Estado". En su opinión, la Abogacía le dirá a Ayuso que "en este país se cumple la ley y que los derechos de las mujeres no se tocan, que son sagrados".
Para Mónica García lo que hace Madrid es un "bloqueo sistemático al derecho de las mujeres". Al hilo de esto, ha asegurado que en la capital "ni siquiera el 0,5% de los abortos se registra en la (sanidad) pública" y ha apostillado que Andalucía le sigue "muy de cerca".
No obstante, nada ha dicho sobre que su Ministerio deriva a clínicas privadas de Andalucía los abortos de la pública de Ceuta y Melilla, únicas regiones gestionadas por el Gobierno central.