La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció este miércoles tras el Consejo de Gobierno que, de forma extraordinaria, se celebró en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Isabel Díaz Ayuso arrancó su intervención lanzando una seria advertencia: "Nuestro país se encuentra en una situación inédita al tener a la cabeza del Gobierno de la nación a un presidente que abiertamente se ha situado por encima de la ley".
En este sentido, la jefa del Ejecutivo regional arremetió contra la "pretensión" de indultar al exfiscal general del Estado, el condenado Álvaro García Ortiz, después de que ayer se conociera que el Ministerio de Justicia ya ha iniciado el trámite legal, instando al Tribunal Supremo a que emita su informe, tras recibir dos peticiones de dos ciudadanos particulares, según adelantó El País.
Ayuso puso de manifiesto el mensaje que lanza Pedro Sánchez a la más alta instancia jurisdiccional del país y, en general, a todos los ciudadanos: "Nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado".
Para la presidenta, esta "burla a la ley y este homenaje a la impunidad" no se quedan ahí sino que también pueden observarse en el anuncio de regularización de medio millón de inmigrantes que se encuentran actualmente en situación ilegal en nuestro país, pactado entre el Gobierno y Podemos. En este sentido, señaló que este proceso se hará sin pasar por la Cortes y también sin vincularlo al mercado de trabajo. "Va a crear graves dificultades para gestionar algunos servicios públicos", advirtió.
Ayuso explicó que sin duda esta medida ahondará en un sobrecoste para la Administración puesto que estas personas tenían en estos momentos acceso a algunos servicios, como los de urgencias en lo que respecta a la sanidad o a la educación obligatoria. "Pero ahora se va a otras prestaciones mientras el Gobierno va dando las cifras a vuela pluma".
En este punto, criticó que el Gobierno central no haya dado una cifra exacta de inmigrantes que serán regularizados. "No sabe ni siquiera las cifras de las que se están hablando, Funcas señala que podríamos hablar de más de 850.000 personas".
Así las cosas, la jefa del Ejecutivo autonómico concluye que este proceso "se está haciendo solo con fines electoralistas, sin ningún rigor" y no es más que "una trampa política para provocar, que puede alterar el censo electoral, algo que nos parece profundamente irresponsable". "Estamos hablando de vidas, de las de todos, y por eso consideramos que no hay derecho a tratarlo de esta manera".
Más presión contra Zapatero
La presidenta, muy crítica desde hace días con la labor exterior del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dio este miércoles un paso más y le exigió que "enseñe las facturas" de los servicios de consultoría realizados a su amigo Julio Martínez, detenido en el marco de la investigación a la aerolínea venezolana Plus Ultra.
"Es un absoluto escándalo. Debería enseñar las facturas y demostrar cuál es su papel en una trama en la que un señor ya ha acabado en la cárcel", exigió Ayuso, que también considera extraño que no se investigue fiscalmente al ex presidente por cobrar "cantidades" de una persona que mediaba con Venezuela y que, según ha descubierto la Policía, ocultaba más de 300.000 euros en metálico en su domicilio: "Quisiera saber dónde está Hacienda", se preguntó.