Tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, el Ejecutivo autonómico ha exigido formalmente la revisión de los protocolos de valoración del sistema VioGén y explicaciones urgentes sobre el "fallo permanente" de las pulseras antimaltrato. La petición llega tras constatar que tres de las cuatro mujeres asesinadas en la región desde octubre de 2025, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas, figuraban en el nivel de riesgo bajo dentro del sistema de protección vigente. Ante esta situación, la Dirección General de la Mujer ha insistido en la necesidad de analizar con detalle los cuestionarios utilizados por el Ministerio del Interior y replantear los mecanismos de valoración actuales.
Brecha letal en la protección estatal
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha sido tajante al calificar de "completamente ineficaces" los cuestionarios actuales. Según los datos analizados, la mayoría de los últimos crímenes en la región se produjeron sobre mujeres que contaban con una clasificación de riesgo que no se correspondía con la amenaza real. Por ello, la Dirección General de la Mujer ya ha trasladado a los Comités de Crisis del Ministerio la necesidad de realizar un estudio técnico profundo sobre los baremos que utiliza el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
La preocupación se extiende al ámbito nacional. El Observatorio ha subrayado que, de las 13 mujeres asesinadas en España en lo que va de 2026, cinco de ellas sí habían dado el paso de presentar denuncia previa, sin que los mecanismos de protección estatal lograran evitar el desenlace.
Ana Dávila: "Hay mujeres con miedo a que el dispositivo falle"
Otro de los puntos críticos abordados es el funcionamiento del sistema Cometa. Según los registros de la red pública de atención en Madrid, una de cada tres usuarias de las pulseras antimaltrato ha reportado incidencias graves. En concreto, 42 mujeres han sufrido situaciones de pánico debido a dispositivos que emiten alertas falsas de proximidad del agresor en horas de trabajo o durante la noche.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha cargado duramente contra la parálisis del gabinete de Ana Redondo, denunciando que el Ministerio de Igualdad "no reaccione" ante estos fallos técnicos que generan "inseguridad, crisis de ansiedad y miedo" en las mujeres. Dávila ha recordado el trágico caso de Ibiza, donde el dispositivo sonó cuando la Guardia Civil ya estaba en el domicilio y la mujer ya había fallecido.
Opacidad y aumento de víctimas
El Ejecutivo regional ha adoptado un acuerdo para exigir información sobre el estado de la nueva licitación de estos dispositivos, tramitada por vía de emergencia pero cuyos plazos se han dilatado. Madrid denuncia que, pese a los reiterados requerimientos desde septiembre de 2025, el Gobierno central mantiene un silencio absoluto mientras la desprotección aumenta.
Los datos asistenciales reflejan la magnitud del problema. En 2025, las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) atendieron en la región a 4.810 mujeres, lo que supone un incremento del 16% respecto al ejercicio anterior. En lo que va de 2026, España ya registra 11 asesinatos, uno de ellos en la Comunidad de Madrid, una cifra que duplica la estadística del mismo periodo del año pasado.