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"El exceso de burocracia es el principal factor que encarece la vivienda"

El decano del COAM advierte ante el Urbaforo de que las demoras en las licencias y el suelo lastran el acceso de los jóvenes a un hogar.

El decano del COAM advierte ante el Urbaforo de que las demoras en las licencias y el suelo lastran el acceso de los jóvenes a un hogar.
Libertad Digital

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) es la institución anfitriona del Urbaforo Madrid y uno de sus impulsores junto al Grupo Libertad Digital. Su sede en la calle Hortaleza, 63, acoge el 16 de junio un foro de alto nivel sobre urbanismo, suelo y vivienda que reúne a alcaldes, promotores y responsables autonómicos en torno a los grandes retos del territorio metropolitano madrileño.

La directora gerente del COAM, Ángela Baldellou, inaugurará el acto con una intervención sobre "Madrid 2050: liderazgo cívico y profesional", y la clausura correrá a cargo de María Eugenia del Río Villar, secretaria general de la institución. La presencia del COAM en el Urbaforo Madrid no es circunstancial: los arquitectos son actores centrales del debate urbano, y la sede colegial es uno de los espacios de referencia del pensamiento sobre la ciudad en España.

En ese contexto, Sigfrido Herráez Rodríguez es una de las figuras más sólidas del sector. Arquitecto, exconcejal de Vivienda y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid durante catorce años, y decano del COAM desde noviembre de 2020 —reelegido en 2025 con el 53,9% de los votos—, Herráez conoce el urbanismo madrileño desde la primera línea de la gestión pública y desde la responsabilidad institucional de la profesión.

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Forma parte además del Consejo Asesor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, donde trabaja junto a otros expertos en las cinco líneas estratégicas que definirán el crecimiento de la capital en las próximas décadas. Su visión del urbanismo —que no hay arquitectura que no sea saludable, que la calidad de vida se mide en luz, en ventilación y en tiempo de desplazamiento, no solo en metros cuadrados— es el hilo que atraviesa esta entrevista.

Entrevista a Sigfrido Herráez Rodríguez

Pregunta: El COAM lleva años reclamando más agilidad en los procesos de licencias urbanísticas. ¿Cuánto tarda hoy en Madrid lo que debería tardar tres meses?

Respuesta: Yo creo que se resumiría en una frase: ahora mismo, la subida más importante del precio de la vivienda está en el tiempo que tardan todas las burocracias y trámites administrativos. Es decir, al comprar o alquilar, los jóvenes madrileños están pagando casi en una tercera parte los retrasos administrativos que se producen por parte de la aprobación del suelo, las licencias y todos los trámites que conllevan la consecución de una vivienda en venta o en alquiler.

P: Madrid necesita más de 100.000 viviendas según distintas estimaciones. ¿Qué parte de ese problema es de suelo, qué parte es de burocracia y qué parte es de voluntad política?

R: Para mí, fundamentalmente, es un problema de que nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos. Todas las administraciones, de todos los colores políticos, quieren lo mismo: que sus jóvenes puedan vivir adecuadamente en su ciudad o pueblo; por lo tanto, no creo que sea un problema de voluntades políticas. Nunca. Sí es un problema de burocracia, de normativa y de falta de vista de aquellos que han pensado que el exceso de legalidad nos lleva a tener más transparencia, pero no mejores resultados. Es decir, lo que está provocando es una especie de bloqueo en toda España. No es un problema solo de Madrid, es un problema que está cruzando todo el país y que tiene que ver con eso: con los tiempos de trámite.

P: Usted fue concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid durante diez años. ¿Qué haría hoy diferente?

R: El concepto de aquel entonces era hacer viviendas, hacer muchas viviendas: viviendas sociales, viviendas baratas, viviendas protegidas... Yo tuve la suerte de poder entregar 10.000. Se compró suelo por parte del Ayuntamiento y había muchos cambios respecto a lo que ahora mismo es la realidad de la construcción de vivienda pública y protegida en la ciudad de Madrid. Pero bueno, no es ninguna crítica; yo creo que es, más bien, una invitación siempre a volver a lo que fue un éxito, que es hacer vivienda. Hacer, en definitiva, que el problema de la vivienda entre los jóvenes madrileños sea menor, ya que la cantidad de jóvenes expectantes de entonces y la de ahora no tiene nada que ver.

P: El nuevo PGOUM lleva años en gestación. ¿En qué punto real está y qué riesgo hay de que llegue tarde?

R: La situación está en el punto de que, en los primeros meses del año 2027, se va a aprobar previsiblemente en el Ayuntamiento de Madrid un plan estratégico que puede equivaler a un plan general. No es exactamente lo mismo: este plan estratégico va a convivir con el antiguo plan general, lo cual considero que no es la mejor de las situaciones, pero es la que se han dado los grupos gobernantes en este momento. Aun así, tengo que pensar que va a ser un cambio a mejor. El plan estratégico va a dar unas libertades, unas posibilidades y una rapidez en las tramitaciones que no tenemos en este momento; por lo tanto, vamos hacia una situación infinitamente mejor. Además, no hay que olvidar que el Plan General tiene ya 40 años, y no hay plan que aguante una cantidad de tiempo similar.

P: Alcobendas y Pozuelo representan dos modelos de ciudad consolidada en el área metropolitana. ¿Qué pueden enseñarle al resto de municipios madrileños?

R: Todos los municipios tienen las mismas preocupaciones que estos dos que citas. Hay otros veinte municipios con desarrollos urbanísticos como los de Alcobendas y Pozuelo, ahí están Villanueva de la Cañada, Alcorcón o Móstoles, es decir, todos los municipios del norte y del sur quieren que sus jóvenes vivan en su localidad, y a mí me parece que eso tiene que ser la prioridad a la hora de las aprobaciones.

Cuando hablamos de aprobar un proyecto de cualquiera de los niveles —desde el proyecto de urbanización hasta el de reparcelación—, todos los procesos que conllevan un nuevo crecimiento tienen que darse de una manera rápida. Si no, efectivamente, esos tiempos de 10, 15 o 20 años se nos hacen largos; sobre todo a los expectantes, que son los jóvenes de esos municipios.

La voluntad política de todos los colores es la misma y va en la buena dirección, pero faltaría que la normativa acompañe a esa voluntad de rapidez.

P: ¿Es posible hacer vivienda asequible en municipios de alta demanda como Pozuelo o Alcobendas sin comprometer su modelo urbano?

R: Es posible crecer en todos los municipios y redensificar. Es decir, hay una serie de figuras que permiten perfectamente que las localidades crezcan y acojan, sin perder su forma de ser ni el estilo de vida que han tenido tradicionalmente, no solo a los ciudadanos más jóvenes de su propio crecimiento vegetativo, sino también a aquellos que vienen de fuera y quieren vivir en ellos.

Yo creo que eso tendría que ser obligatorio; cualquier gestor público, sobre todo municipal, tiene que trabajar por todos sus vecinos y por los que quieren serlo. Es un tema de sentido común y considero que lo intentan y lo quieren, pero se encuentran con aprobaciones de determinados informes medioambientales, de agua o de electrificación, entre otros, que tardan meses y meses, y que efectivamente están haciendo horrorosa la espera para los ciudadanos más jóvenes.

P: La arquitectura humanista que usted defiende, ¿cómo se traduce en un promotor privado que tiene que cuadrar números?

R: Yo creo que el promotor privado, al igual que el público, quiere dar el mejor resultado en su producto. El mejor resultado posible es aquel que aporta salud al ciudadano que lo va a ocupar, sea una vivienda o sea un espacio público; todo tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. Un promotor privado no quiere hacer un cuchitril pequeño, sin ventilación ni soleamiento; le gustaría hacer, dentro de un precio razonable y ganando lo mismo, algo que sea saludable para el joven que va a ocupar luego esa vivienda. A mí me parece que el objetivo de ganar dinero no es incompatible con el de hacer las cosas bien.

Lo mismo sostengo cuando me dirijo a las administraciones: es decir, se puede hacer una vivienda más barata y asequible para los ciudadanos más jóvenes que no tienen dinero y que, sin embargo, cuente con una calidad y una salud suficientes. Yo creo que sí y apuesto por ello en nombre de los 11.000 arquitectos colegiados de Madrid que sabemos hacer nuestro trabajo en esa dirección de aquilatar precio y calidad.

P: ¿Qué opina de la vivienda de 40 metros cuadrados como solución al acceso residencial de los jóvenes?

R: No hago una crítica a las viviendas pequeñas. Una vivienda de 40 metros cuadrados, con un buen soleamiento y una buena ventilación, puede ser perfecta para que viva una persona sola o una pareja. Hay experiencias muy importantes al respecto, sobre todo en Asia, que no restan calidad de vida ni mucho menos salud. El problema surge cuando esos 40 metros están en un sótano sin ventilación; es decir, lo que me preocupa es cuando no se da una situación de salubridad, independientemente de que incluso sean más metros cuadrados. Por supuesto, cuando una familia con siete niños vive en 40 metros cuadrados, todos sabemos que efectivamente algo ahí no va a funcionar, pero esas son excepciones. Como mencionaba, un espacio de 40 metros es perfectamente válido para una persona sola o una pareja. Por eso, no deberíamos hablar tanto de tamaño, sino de la salud y de la calidad de vida que estamos dando a nuestros ciudadanos.

P: Los grandes desarrollos del sureste de Madrid —Los Ahijones, Los Berrocales— llevan décadas en el papel. ¿Qué falla estructuralmente en España para que el suelo urbanizable tarde tanto en convertirse en vivienda?

R: Los proyectos de reparcelación, por hablar del último trámite por el que han pasado estos crecimientos, han tardado muchísimo. Sé que un proyecto de reparcelación es complejo y que los registradores, junto con los abogados de las propiedades, tienen que trabajar mucho, pero no se puede tardar la cantidad de años que se está tardando.

Por no hablar del proyecto de urbanización, que tuvo una tramitación enorme dentro del Ayuntamiento entre debates de si ahora correspondía carril bici o no, o si debía ser de un tamaño o de otro, sumado a la aparición de un arroyo que hay que mantener y cuidar. Considero que hay demasiadas variantes como para que se tarde tantísimo tiempo en cada una de ellas.

Por supuesto que tiene que cuidarse el medio ambiente y que, si había un arroyo, este se mantenga; pero lo que no puede ser es estar un año y medio pendientes de la Confederación o del Canal de Isabel II. Los tiempos en los nuevos desarrollos no pueden seguir siendo los que están siendo.

P: ¿Tienen los arquitectos suficiente voz en las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos, o se les llama cuando ya está todo decidido?


R: Yo tengo que hablar por lo que conozco ahora mismo, concretamente por estos últimos cinco años en los que los ayuntamientos pequeños nos están dando voz y voto, proponiéndonos concursos para espacios públicos. Ahí tenemos los ejemplos de San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Pozuelo o Boadilla del Monte; municipios de todos los colores políticos que están demostrando saber que la opinión de los arquitectos aporta calidad a los ciudadanos a los que sirven.

Por otro lado, ante la pregunta de si estamos contentos con todos los concursos, la respuesta siempre sería que no; siempre se pueden hacer más y creo que, efectivamente, hay muchos lugares donde todavía no se nos tiene en cuenta. A veces se piensa que un concurso nos lleva a tardar más tiempo o que puede costar más dinero, por lo que hay ayuntamientos que han optado por no convocarlos, algo que lamentamos profundamente. Sin embargo, ahí están los premios de urbanismo y edificación que otorgamos cada año, tanto nosotros como el propio Ministerio, los cuales siempre recaen en aquellos que han proyectado los edificios y los espacios públicos a través de un concurso, como es el caso de Madrid Río o Plaza de España, entre otros.

En Madrid estamos siendo muy considerados. El propio alcalde nos estima y nos cuida a los arquitectos; de hecho, cuenta con un comité asesor de arquitectos de Madrid para diversos temas. No podemos quejarnos, aunque, como es natural, siempre pedimos más.

P: La construcción industrializada y la prefabricación llevan años prometiendo revolucionar el sector. ¿Por qué no acaba de despegar en España?

R: Yo creo que no termina de despegar, fundamentalmente, por un problema de falta de industria. En el momento en que haya fábricas que se dediquen a esto y que hagan real el hecho de construir un edificio en menos tiempo y con menos dinero —es decir, cuando de verdad cueste menos, tardemos menos en hacerlo y logremos un ahorro claro en desperdicios dentro de la obra—, la industrialización se impondrá de forma mucho más contundente.

Actualmente, considero que existe un problema importante: en Madrid, nuestros compañeros están proyectando con elementos prefabricados e industrialización, pero las fábricas están tardando meses en servir los pedidos. No es admisible que el tiempo que supuestamente se ahorra en la propia obra se termine perdiendo en los plazos de entrega de ese producto.

P: ¿Qué papel debe jugar el COAM ante la irrupción de la inteligencia artificial en el diseño arquitectónico y urbanístico?

R: Yo creo que la postura inteligente ante la inteligencia artificial es utilizarla adecuadamente. En nuestros estudios —yo mismo en el mío— ya la estamos utilizando para la redacción de memorias y para muchas otras cuestiones, lo que nos está ahorrando tiempo y dinero. No sé si esto está produciendo una merma en el número de trabajadores, seguramente también, pero desde luego el ahorro de tiempo y costes está claro cuando se hace un buen uso de ella.

El que piensa que nos va a sustituir se equivoca, porque siempre prevalecerá la forma de pensar de un arquitecto a la hora de diseñar un espacio, de ver cómo entra la luz del sol o de cómo vamos a ventilar. Considero que la ayuda posterior que brindan las máquinas con la inteligencia artificial es evidente, pero siempre tiene que haber un primer paso creativo por parte de una persona, que es el arquitecto.

P: Usted ha trabajado con administraciones de distinto signo político. ¿Es el urbanismo en España demasiado dependiente del color del gobierno de turno?

R: Yo creo que la vivienda sería el único espacio de pensamiento donde habría unanimidad. A mí me parece —siempre lo he dicho y lo he defendido— que el urbanismo requiere un Pacto de Estado, como se suele denominar a esos acuerdos donde todos los partidos políticos se integran. Creo claramente en eso: el urbanismo y el problema de la vivienda tienen ahora mismo muchísimo que ver con la posibilidad real de un acercamiento. Así como en otros temas políticos no lo veo tan factible, en esta materia considero que es obligado y obligatorio.

De hecho, cuando me fijo en lo que hacen los distintos grupos políticos en los diferentes ayuntamientos, no encuentro ninguna diferencia entre lo que escucho a la alcaldesa de Alcorcón o al alcalde de Leganés, aun siendo de dos partidos opuestos. Los objetivos son los mismos, los equipos son parecidos y trabajan en la misma dirección; por lo tanto, no hay razón para pensar que no pudieran ponerse de acuerdo en una Ley del Suelo o en una Ley de Vivienda. Estoy convencido de que si este edificio se construye de abajo arriba —es decir, desde los ayuntamientos hacia los estamentos nacionales—, habrá una clara unanimidad política alrededor de las soluciones que requiere la vivienda.

P: Si pudiera cambiar una sola norma o ley para desbloquear el problema de la vivienda en España, ¿Cuál sería?

R: Son las dos a las que ya he hecho referencia: las leyes del suelo —las normativas que marcan la producción de suelo, para ser más claros— y la Ley de Vivienda. Esta última, que tradicionalmente en España fue una Ley de Financiación de la Vivienda, ahora se ha transformado en otra cuestión de índole política; sin embargo, hasta este momento, todos los gobiernos y colores políticos, desde Felipe González hasta José María Aznar, la habían entendido así. Antes de la etapa actual, la Ley de Vivienda era una norma de financiación, enfocada en ayudar a que se produjera tanto vivienda privada como vivienda pública, normalmente en alquiler. Para ello, se articulaban una serie de ayudas desde el Ministerio, algunas de las cuales provenían de Europa.

Considero que debemos volver a ese modelo. Las leyes de vivienda —insisto, de financiación de la vivienda— y las del suelo —de producción de suelo residencial— tienen que avanzar de manera coordinada y compasada. Ojalá se logre por unanimidad, mediante pactos de Estado como a los que he hecho referencia en otro momento de la entrevista.

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