Han pasado cuatro meses desde que Arcadi España asumiese la cartera de Hacienda y Carlos Cuerpo la vicepresidencia y nada ha cambiado respecto a su predecesora. Si es así, es porque el director sigue siendo un Pedro Sánchez que sólo presta atención a aquellas medidas que le permitan mantenerse en el poder y protegerse de los escándalos de corrupción que han llevado a 130 imputados a los juzgados.
El pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera fue el mejor ejemplo: de la colección de engaños que presentó como iniciativas, ninguno traía nada beneficioso para las Comunidades Autónomas ni para el conjunto del Estado y todas ellas están pensadas para ganar tiempo, saldar las deudas que mantiene con aquellos que le permiten seguir al frente del Gobierno e ir preparando las próximas elecciones. En todos los casos, pagan los españoles a costa de su bienestar.
Los objetivos de estabilidad, principalmente la regla de gasto que está fijado en el 4%, no responde a las necesidades de unos gobiernos regionales cuyas obligaciones de gasto impuestas por el propio Estado, como la subida salarial obligatoria de los funcionarios pactada para 2027 en un 4,5%, drenan su capacidad financiera.
El déficit asimétrico es una nueva concesión a Cataluña que premia la indisciplina fiscal mientras castiga a las regiones que, como Madrid, han hecho bien los deberes. Al igual que ocurría con la mal llamada condonación de la deuda, la permisividad de un déficit a la carta consagra la desigualdad entre territorios, privilegiando a unos pocos y endeudando al conjunto del Estado.
El enésimo anuncio de Presupuestos Generales del Estado resulta exasperante. Es inaceptable que quien ha sido incapaz siquiera de presentar unas cuentas públicas en toda una Legislatura pretenda engañarnos una vez más cuando, con el rechazo del Congreso de los Diputados el pasado martes a la senda de estabilidad presupuestaria, ha quedado demostrado que no tiene los apoyos necesarios para poder aprobarlos.
El Gobierno que hace apenas tres meses se escudaba en la incertidumbre internacional para no aprobar los Presupuestos de 2026, pretende aprobar los de 2027 bajo la misma situación. Lo que ha cambiado es su agenda política de cara a la convocatoria de elecciones. Así, y mientras busca importar nuevos electores a través de la Ley de Nietos, pretende hacer pasar por Presupuestos Generales lo que no es sino un programa electoral con el que tratar de embaucar a los españoles. El anuncio de un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros para un año de elecciones es tan inviable como publicitario.
Por último, el anuncio de un nuevo sistema de financiación autonómica es un bochorno, un agravio y un engaño.
Bochorno porque es reiterar el intento ya fracasado en el anterior Consejo, donde todas las Comunidades Autónomas, también las gobernadas por el PSOE, rechazaron la propuesta. Todas, menos Cataluña, aquella con la que se pactó de manera bilateral, a espaldas del resto, con la única finalidad de privilegiarla mientras deja sin resolver la falta de recursos de las demás Comunidades Autónomas.
Agravio porque, mientras que la Generalidad se lleva el 22% de los recursos siendo la tercera región más rica del país, otras regiones ven cómo se ponen en riesgo sus servicios públicos. Madrid apenas recibe 2.555 millones de euros, aportando 850 millones más, mientras que Cataluña, siendo una economía homogénea, recibe 4.686 millones de euros, aportando 750 millones menos.
Y engaño porque sabemos que este no es sino un paso más hacia su verdadero objetivo, que es el establecimiento de un cupo catalán que permita a su Gobierno gestionar y recaudar el 100% de los impuestos, poner fin a la solidaridad entre territorios y la igualdad entre ciudadanos y modificar el modelo de Estado por la puerta de atrás. Tanto el sistema de financiación propuesto como su evolución posterior responden a la hoja de ruta del separatismo catalán; no están persiguiendo unos objetivos que no hayan buscado antes, pero ahora lo hacen con la complicidad e impulso del Gobierno central, de un Pedro Sánchez dispuesto a todo con tal de defender un privilegio superior al catalán: el suyo propio.
Y esto, y no otra cosa, es lo que se va a dirimir el próximo día 29 de julio en el Consejo de Política Fiscal.