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AGRESIONES DIRECTAS CONTRA LA APPO

Una comisión internacional de derechos humanos dice que paramilitares mexicanos asesinaron a veinte opositores en Oaxaca

Un informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIDH), con sede en Barcelona, afirma que paramilitares mexicanos asesinaron a veinte miembros de la opositora Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Los crímenes, dice el texto, no se produjeron durante los enfrentamientos entre militantes y miembros de las fuerzas de seguridad, sino por agresiones directas.

LD (EFE) Tras varias visitas y más de 350 entrevistas a los sectores involucrados en el conflicto político-social de Oaxaca, México, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIDH) asegura en un informe que un grupo de paramilitares han sido los responsables de la muerte de veinte activistas
 
Los integrantes de la misión de derechos humanos con sede en Barcelona afirman que existen testimonios, datos y pruebas de que los muertos registrados durante el movimiento fueron responsabilidad de esos grupos. Otras fuentes no oficiales señalan que fueron entre once y diecisiete las víctimas mortales durante el conflicto, que se inició en mayo pasado pero en junio hubo choques violentos entre manifestantes y policías.
 
El portavoz de la comisión, Ignacio García, dijo que las muertes no fueron consecuencia de enfrentamientos armados sino por agresiones directas de estos grupos de paramilitares y parapolicías que actuaron de forma constante en contra de los maestros y activistas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
 
En las conclusiones preliminares de la CCIDH se asegura que en Oaxaca no existen garantías para el ejercicio de la libertad de tránsito, de expresión, de manifestación y uso del espacio público. García dice que cuenta con documentación sobre detenciones ilegales y arbitrarias, y afirma que las corporaciones policiales del estado actuaron con abuso y trato inhumano hacia los detenidos.
 
La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos entregará en los próximos días al Gobierno mexicano y al Parlamento Europeo las conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
 
El conflicto que comenzó con una protesta por demandas sindicales, se agravó después de que el gobernador del estado, Ulises Ruiz, ordenó un desalojo violento el catorce de junio del año pasado. En respuesta, numerosas organizaciones sociales se sumaron a las protestas y formaron la APPO y exigieron la renuncia del mandatario. Ocho meses después de que estalló este conflicto aún se registran enfrentamientos en varias escuelas y se mantienen las movilizaciones para exigir la salida de Ruiz.

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