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Rajoy ordena una auditoría general en las autonomías que perdió el PSOE

El líder del PP presenta su compromiso con España, que incluye su hoja de ruta económica, asegura que está preparado y reclama elecciones anticipadas.

El líder del PP presenta su compromiso con España, que incluye su hoja de ruta económica, asegura que está preparado y reclama elecciones anticipadas.

Empleo, austeridad y transparencia: éstas son las tres palabras clave del programa económico con el que el PP se presentará a las elecciones del próximo año y que este miércoles Mariano Rajoy ha dado a conocer. Se trata de un "compromiso con España", con el que el candidato popular se obliga ante los electores y que, confía, sería un buen punto de partida para salir de la crisis.

Con el documento presentado este miércoles, Rajoy ha querido hacer todo un alegato frente a quienes le acusan de vender humo, de no tener un recetario para sacar al país del agujero. Por eso, el jefe de la oposición rehusó en la rueda de prensa -salvo al utilizar algunas píldoras de humor- centrarse en la brecha interna que sufren en las filas socialistas, y se ajustó a su libro, abierto por el capítulo de los anuncios.

Las propuestas contienen algunas medidas llamativas, otras ya anunciadas por el PP, algunas que incumplen sus propias comunidades autónomas y unas cuantas más de difícil ajuste o control. Seguramente no es el gran plan de impulso económico que quiere presentar el PP (tiene algunos agujeros, especialmente porque no toca para nada algunos temas, como la necesaria y reclamada reforma del mercado laboral), pero es cierto que se trata del programa más detallado que presentan los populares en los últimos cuatro años.

Además, contiene algunas promesas interesantes, especialmente las destinadas a controlar el gasto público que podrían ayudar mucho a taponar una de las principales vías de agua de la economía española: la deuda pública, en especial la que viene de las CCAA. En este sentido, la parte más importante del documento contiene algunas propuestas referidas a las autonomías que, tras el terremoto electoral del 22-M, tienen previsto gobernar, pero que hace extensibles, casi en su mayoría, al conjunto nacional.

Lo anunciado este miércoles por el líder popular no es nuevo -mucho estaba plasmado en el documento marco firmado por los mismos candidatos regionales que hoy aspiran a ser presidentes en una cumbre previa celebrada en Baleares- si bien resonaron con mucha más fuerza, puesto que los resultados electorales obligan al PP a mojarse.

Para empezar, el líder de la oposición prometió una auditoría general en los nuevos gobiernos bajo sus siglas, para saber qué hay detrás de sus balanzas y de las de sus empresas públicas. Es un paso importante, porque una de las claves por las que los inversores desconfían de la economía española es porque no saben cuál puede ser el tamaño del agujero de las cuentas de las administraciones autonómicas, que se ha llegado a cifrar en los 30.000 millones de euros. Sin embargo, no parece muy lógico que Rajoy por un lado alardee de "transparencia" y prometa más control sobre las finanzas públicas y luego limite las autonomías a aquellas que el PP ha ganado en las últimas elecciones, como si a Valencia, Murcia o La Rioja no hubiera que aplicarles este criterio, no se sabe muy bien por qué.

Austeridad: techo de gasto

El primer epígrafe del documento del PP es el referido a la "austeridad". En relación a los recortes autonómicos, los compromisos de Rajoy son:

  • Se fijará para las Comunidades Autónomas un techo de gasto no financiero en la línea con el definido en los Presupuestos Generales del Estado (esto es relevante, pero hay que destacar que no todas las regiones del PP han cumplido hasta ahora con este compromiso; así, mientras Madrid es la que menos déficit tuvo en 2010, Valencia es la que más deuda acumula).
  • Impulsar la reforma del sector público autonómico, simplificándolo. Reducir a un máximo de diez el número de consejerías, disminuir altos cargos, compartir coches oficiales.
  • Un plan Estratégico de Racionalización del Gasto Corriente a cuatro años.
  • Revisar las ayudas y subvenciones de concesión directa.
  • Reducir el número de entes y organismos del sector público.
  • Fomentar la cooperación intermunicipal para que los Ayuntamientos ofrezcan servicios de forma conjunta, reduciendo costes y mejorando la eficiencia.
  • Evitar duplicidades y solapamientos competenciales entre las distintas administraciones públicas.

Si todas estas medidas se cumplieran, las comunidades estarían mucho más controladas de lo que lo han estado en los últimos años y habría menos riesgo de que su deuda pública pusiera en peligro las cuentas del conjunto del país. Respecto a los puntos en los que se promete una reducción del gasto, lo anunciado por Rajoy es más fácil de decir que de cumplir o controlar (afirmar que se van a reducir los coches oficiales es sencillo, pero también es fácil que luego se olvide en la gestión diaria). En cualquier caso, los puntos presentados por el PP van en la buena dirección de una racionalización del gasto de las administraciones públicas y plantean un principio de solución a un problema acuciante: los números rojos que generan los políticos españoles.

Lealtad institucional: convocatorias

Muy relacionado con todo lo anterior está el apartado dedicado a la lealtad institucional y cooperación territorial, que incluye una serie de convocatorias con las que Rajoy pretende que todas las administraciones se comprometan en la senda de la reducción del gasto y la contención del déficit. Por eso, ha pedido, de forma urgente tres cuestiones:

  • Convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
  • Convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local de la FEMP.
  • Convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

Transparencia: novedades

Siguiendo en el capítulo económico, pero en el capítulo de la "transparencia", Rajoy ha presentado sus propuestas más novedosas y se ha comprometido a:

  • Desarrollar un portal de la transparencia que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos.
  • Llevar a cabo un ejercicio de actualización y control de las cuentas públicas para conocer el estado de situación real de las finanzas públicas. Reclamando, específicamente, la verificación de la situación de tesorería en el cambio de gobierno, comprobación de la realidad de estimación de ingresos del presupuesto 2011, la comprobación de la realidad de la estimación de ingresos, el grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones y el mapa real del entramado de organismos, empresas con participación pública, funciones, consorcios y otros mecanismos.

Ambas medidas reforzarían la capacidad de control de los ciudadanos sobre sus políticos. El truco puede estar en la letra pequeña de cómo será ese portal o el grado de detalle de la auditoría, pero el planteamiento de Rajoy supone una bocanada de aire en el tradicionalmente opaco sector público español. Si es cierto que tanto los datos del presupuesto como el detalle de los gastos de cada administración son puestos a disposición del público, se estaría dando un importante paso adelante para fiscalizar la actuación de los políticos españoles.

Emprendedores

Para terminar la parte estrictamente económica, Rajoy ha presentado el epígrafe titulado "apoyo a la creación de empleo". Este apartado se limita casi por completo a una serie de medidas destinadas a favorecer la creación de empresas –los "emprendedores"-, aunque no toca para nada el mercado laboral, subsidio de desempleo, impuestos y cotizaciones sociales o cargas a las empresas. Lo propuesto para los emprendedores podría ser un paso adelante para ayudar a que España deje de ser uno de los países del mundo donde más complicado es abrir una empresa, pero no tocaría ninguna de las causas (coste del despido, negociación colectiva, poder de la grandes centrales sindicales, cuantía de las cotizaciones sociales) que hacen que su mercado laboral sea uno de los más rígidos del mundo:

  • Aprobación de un Plan de Emprendedores que contenga no subir impuestos, estímulos fiscales como la moratoria en el pago, simplificación de licencias, agilizar los trámites, simplificación regulatoria y administrativa, medidas de mejora de la financiación y revisión de la normativa autonómica y local que suponga un obstáculo para la unidad de mercado.
  • Plan especial de lucha contra la morosidad y de disposición de fondos.

Educación: libertad para los padres

Tras todos estos anuncios, Rajoy ha pasado al bloque de la educación, en el que ha propuesto las siguientes medidas:

  • Reconocimiento del profesor como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones docentes.
  • Implantar evaluaciones externas.
  • Promover la realización de pruebas de nivel de carácter general al final de cada etapa educativa.
  • La libertad de elección de centro educativo, similar a lo implantado por Esperanza Aguirre.
  • Impulsar la creación de centros bilingües.
  • Promover un calendario unitario de pruebas de acceso a la Universidad.
  • Una estrategia de coordinación universitaria que potencie la cooperación académica y la racionalización eficiente de recursos en investigación e innovación.
  • Incorporar el criterio de renta per cápita familiar a los perceptores de las ayudas públicas.

En total, son 23 medidas concretas que, dice Rajoy, demuestran que podrían tomar ya el timón de un barco que, en el almuerzo con sus barones previa a la rueda de prensa, vislumbró como apunto de zozobrar. "El Gobierno no está en condiciones", remachó un líder de filas seguro, que sólo se mostró algo más nervioso en las preguntas referidas en clave interna. Llamó a "un revulsivo" que no es otro que disolver las Cortes y convocar de inmediato elecciones generales.

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