La Confederación Española de Policía (CEP) se querellará contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo que en 2006 ordenó el ingreso en prisión de dos agentes acusados de filtrar al periodista de El Mundo, Fernando Lázaro información sobre una trama de corrupción policial relacionada con el tráfico de explosivos y de drogas. Además, el sindicato policial se querellará contra la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, Ana Arias.
Los dos agentes fueron absueltos el pasado 27 de mayo por la Audiencia Provincial de Madrid, que en su sentencia criticó duramente la actuación de Del Olmo por ordenar la detención de uno de los policías "en base a presunciones y conjeturas que debieron ser objeto de mayor reflexión y estudio" y dijo que el arresto del otro "carecía de fundamento.
Del Olmo mantuvo 24 días en prisión acusados de haber filtrado información sobre una trama policial de tráfico de Goma 2 ECO y drogas al periodista de El Mundo, Fernando Lázaro, según informa la agencia Efe. Por ello, en la sentencia se criticó duramente al magistrado de la Audiencia Nacional, ya que las fianzas “millonarias” –150.000 euros cada una– que impuso Del Olmo a los agentes fueron “absolutamente exageradas y desproporcionadas”. En la decisión del juez faltó “serenidad, reflexión, ponderación, equilibrio y mesura”.
Añadía el documento judicial que el arresto de Celestino Rivera se hizo "en base a presunciones y conjeturas que debieron ser objeto de mayor reflexión y estudio" y que el de Antonio Parrilla "carecía de fundamento, pues reunirse a tomar un café con un periodista, ignorando lo que hablaban, no justifica su detención".
De la actuación del periodista de El Mundo, Fernando Lázaro, la sentencia subrayó que la publicación del artículo "lejos de perjudicar a la causa pública, lo que hizo es servir de detonante de que se finalizase una investigación y se destapasen actuaciones delictivas graves por parte de personas diferentes, entre ellas dos funcionarios policiales".
Ahora, el sindicato policial pretende que “sea la Justicia quien determine si la actuación del juez y de la comisaría se ajustó a los principios legales que rigen la profesión”. Además, el CEP resalta que lo sucedido entonces puso de manifiesto "la mezquindad e irresponsabilidad de muchos otros, como el juez y la comisaria contra los que ahora nos querellamos".