L D (EFE)
Los servicios jurídicos del Estado consideran también que dicho grupo, heredero de la ilegalizada Batasuna, dejó de existir desde el momento en que el Alto Tribunal acordó su disolución y que, por tanto, "son nulos de pleno derecho todos los acuerdos en cuya adopción haya participado decisivamente el mismo como tal grupo". En un escrito de 35 páginas presentado a las 13.00 horas de hoy en el registro del Alto Tribunal, la Abogacía responde así a la providencia dictada por la también conocida como Sala del 61, que el pasado 15 de julio solicitó a las partes personadas -Fiscalía, la propia Abogacía y Batasuna-, para que se pronunciaran respecto de esa "posible nulidad".
Fuentes del TS señalaron, por otra parte, que Batasuna presentó ayer sus alegaciones, mientras que la Fiscalía informaba que hará lo propio mañana jueves. La Abogacía del Estado recuerda que el auto de 20 de mayo de 2003 en el que se instaba a la Cámara Vasca a disolver SA no fue cumplido y que sus órganos "llevaron a cabo una maniobra en la que claramente se advierte la voluntad de todos ellos de dejar incumplido el mandato de esta Sala". De esta manera se hace referencia a la propuesta de resolución elaborada por el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, que establecía el paso al grupo mixto de los parlamentarios de un grupo cuyo partido político hubiera sido suspendido o disuelto por sentencia o resolución judicial firme, sin incluir una referencia expresa al grupo de SA.
Tal propuesta fue aprobada por la Mesa, pero no así por la Junta de Portavoces, por lo que "de esta forma ¿inesperada? se frustró lo que, según se indica, intentaron tanto" Atutxa como la Mesa del Parlamento, señala el escrito. "La expresada maniobra es basta y permite apreciar con claridad los hilos de la urdimbre", afirma la Abogacía del Estado, que considera que "nos hallamos ante un montaje dirigido a crear una apariencia contraria a la voluntad real de no cumplir los mandatos de esta Sala". Las reiteradas peticiones desoídas por la Cámara de Vitoria ponen de relieve, según el servicio jurídico del Estado, "la existencia de una reiterada y abierta voluntad del presidente de un Parlamento Vasco, de la Mesa y de la Junta de Portavoces contraria a la disolución judicialmente decidida con carácter firme" de SA, a pesar de las "buenas palabras".
El escrito subraya asimismo que el Derecho no tolera ni puede tolerar que si los partidos han sido ilegalizados por existir un reparto expreso y consciente de funciones con una organización terrorista, continúe la actividad de tales grupos, cualesquiera que sea la forma que adopten. Además, añade que "la declaración de ilegalidad y disolución de este Grupo Parlamentario contamina de nulidad radical o de pleno derecho a cuantas actuaciones constituyan manifestaciones de su continuidad y participación, en cuanto tal, en las actividades de la cámara al ser expresión de un fraude de ley y de una voluntad de no ejecutar, en sus propios términos, una resolución judicial".
"Jurídicamente, dicho grupo dejó de existir desde el momento en que la Sala acordó su disolución y, por consiguiente -dice la Abogacía del Estado- son nulos de pleno derecho todos los acuerdos en cuya adopción haya participado decisivamente el mismo como tal grupo". Por todo ello, la Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que declare la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de los órganos del Parlamento Vasco a que se refiere la providencia de 15 de julio de 2003 "por ir dirigidos a eludir el cumplimiento de lo dispuesto en los autos de 20 de mayo y 18 de junio de 2003".
Finalmente solicita que "se adopten las medidas que, como consecuencia de tal declaración, sean necesarias para la efectividad de la disolución, ya acordada, del Grupo Parlamentario Araba, Bizkaia eta Guipuzkoako Sozialista Abertzaleak".
Fuentes del TS señalaron, por otra parte, que Batasuna presentó ayer sus alegaciones, mientras que la Fiscalía informaba que hará lo propio mañana jueves. La Abogacía del Estado recuerda que el auto de 20 de mayo de 2003 en el que se instaba a la Cámara Vasca a disolver SA no fue cumplido y que sus órganos "llevaron a cabo una maniobra en la que claramente se advierte la voluntad de todos ellos de dejar incumplido el mandato de esta Sala". De esta manera se hace referencia a la propuesta de resolución elaborada por el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, que establecía el paso al grupo mixto de los parlamentarios de un grupo cuyo partido político hubiera sido suspendido o disuelto por sentencia o resolución judicial firme, sin incluir una referencia expresa al grupo de SA.
Tal propuesta fue aprobada por la Mesa, pero no así por la Junta de Portavoces, por lo que "de esta forma ¿inesperada? se frustró lo que, según se indica, intentaron tanto" Atutxa como la Mesa del Parlamento, señala el escrito. "La expresada maniobra es basta y permite apreciar con claridad los hilos de la urdimbre", afirma la Abogacía del Estado, que considera que "nos hallamos ante un montaje dirigido a crear una apariencia contraria a la voluntad real de no cumplir los mandatos de esta Sala". Las reiteradas peticiones desoídas por la Cámara de Vitoria ponen de relieve, según el servicio jurídico del Estado, "la existencia de una reiterada y abierta voluntad del presidente de un Parlamento Vasco, de la Mesa y de la Junta de Portavoces contraria a la disolución judicialmente decidida con carácter firme" de SA, a pesar de las "buenas palabras".
El escrito subraya asimismo que el Derecho no tolera ni puede tolerar que si los partidos han sido ilegalizados por existir un reparto expreso y consciente de funciones con una organización terrorista, continúe la actividad de tales grupos, cualesquiera que sea la forma que adopten. Además, añade que "la declaración de ilegalidad y disolución de este Grupo Parlamentario contamina de nulidad radical o de pleno derecho a cuantas actuaciones constituyan manifestaciones de su continuidad y participación, en cuanto tal, en las actividades de la cámara al ser expresión de un fraude de ley y de una voluntad de no ejecutar, en sus propios términos, una resolución judicial".
"Jurídicamente, dicho grupo dejó de existir desde el momento en que la Sala acordó su disolución y, por consiguiente -dice la Abogacía del Estado- son nulos de pleno derecho todos los acuerdos en cuya adopción haya participado decisivamente el mismo como tal grupo". Por todo ello, la Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que declare la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de los órganos del Parlamento Vasco a que se refiere la providencia de 15 de julio de 2003 "por ir dirigidos a eludir el cumplimiento de lo dispuesto en los autos de 20 de mayo y 18 de junio de 2003".
Finalmente solicita que "se adopten las medidas que, como consecuencia de tal declaración, sean necesarias para la efectividad de la disolución, ya acordada, del Grupo Parlamentario Araba, Bizkaia eta Guipuzkoako Sozialista Abertzaleak".