Por segunda vez la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado investigar al ejército de EE.UU por su supuesta implicación en la muerte de José Couso. El cámara de Telecinco perdió la vida el 8 de abril de 2003 en una acción militar contra el hotel Palestina en Bagdad (Irak).
El juez Santiago Pedraz procesó el pasado 21 de mayo al sargento norteamericano Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp por la muerte del mismo.
Ahora, y a petición del Ministerio Fiscal, los magistrados Ángel Hurtado, (quien ha ejercido de ponente), Julio de Diego y Enrique López han acordado cerrar la investigación y concluir con el sumario que Pedraz ha intentado instruir en dos ocasiones. El motivo es que, según señala el auto, el juez no aporta en sus diligencias dato nuevo alguno.
La Sala de lo Penal ya decretó el archivo de la causa el 10 de marzo de 2006, al considerar que los hechos no fueron constitutivos de delito. Sin embargo, la familia del cámara recurrió esta decisión ante el Supremo que más tarde ordenó la reapertura de la causa.
En el auto hecho público este martes, la Audiencia considera que las nuevas diligencias practicadas en los últimos meses por el magistrado Santiago Pedraz no tienen en cuenta “las consideraciones” que la Sala de lo Penal hizo en el primer auto cuando archivó la causa. Destaca el ponente Ángel Hurtado que esto “no debiera ser así”.
Por otro lado, sostiene el auto que Pedraz no aporta ningún dato novedoso que permita continuar la causa contra los militares y que durante su instrucción “el juez parece haber prescindido de seguir el criterio que sentaba la anterior resolución de este tribunal”, manteniendo unos “planteamientos valorativos”.
Además, señala el documento que con el procesamiento de los tres militares estadounidenses el juez “pretende dar por sentado de manera incontrovertible un hecho negativo”. Asimismo, el auto discute el hecho de que Pedraz descarte la posibilidad de que José Couso perdiese la vida ante la presencia de un “francotirador o elemento hostil enemigo”, tal y como alegó el Mando Central Norteamericano en su defensa.
Respecto al informe emitido por dicho órgano estadounidense, donde se archiva el procedimiento y al que juez se opone, el auto cuestiona la “legitimidad” que tiene “el juez instructor, como juez español, para censurar la decisión de dicho organismo extranjero”.
Por ello, acuerda la Sala de lo Penal proceder de nuevo al archivo de la investigación, anular cuantas medidas cautelares se hayan dictado y proceder a la conclusión de sumario.