De este modo, y ante la falta total de transparencia, la Fiscalía ha pedido a la Diputación los datos de los cargos de confianza, y nombrados a dedo, de la Diputación Provincial. En realidad y según recogió El Mundo, la denuncia fue contra la asesora socialista Patricia Alba.
La Fiscalía de Málaga ha decidido, pues, investigar la contratación de cargos de confianza de la Diputación Provincial de Málaga, y en especial la de los asesores adscritos a los diferentes grupos políticos. Para ello el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, incoó el pasado 28 de septiembre las diligencias de investigación penal número 399/09, y el fiscal encargado de las mismas solicitó esta semana a la Secretaría de la Diputación Provincial la información relativa a todos y cada uno de los contratos de asesores y cargos de confianza del organismo, según fuentes del mismo.
Pero hábilmente la Fiscalía quiere dejar de lado el asunto principal investigando a todos. En realidad, las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 23 de septiembre por el que fuera portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Roque Manchado, que denunció que la actual portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, había sido nombrada cargo de confianza de la Diputación Provincial mediante un decreto fechado el 14 de noviembre de 2007, pero que su nombre no se había hecho constar en la relación de puestos de libre designación publicada en la página web del organismo supramunicipal.
Según el denunciante, la ausencia del nombre no es baladí. "Eso es así porque la señora Patricia Alba no ejerce ningún cargo de confianza con respecto a ningún órgano de la Diputación, sino que presta sus servicios a un partido político como es el PSOE", manifiesta Manchado en su denuncia. Es decir, se la contrata para la Diputación pero trabaja realmente para el PSOE, como en el caso de Almería.
El nombramiento de Alba, además, habría sido ilegal, según la denuncia, pues el Tribunal Supremo ha determinado ya que los puestos de confianza «son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de confianza y asesoramiento especial que legalmente delimitan esta específica clase de personal público».
Pues resulta francamente curioso que la misma Alba, ida al monte a cazar "peperos", apuntaba directamente contra una concejal, María José Álvarez, porque su hija, psicóloga en paro, la había enviado la propia Junta de Andalucía junto con tres más, para concursar a una plaza subvencionada por la propia Junta para un trabajo de seis meses sin posibilidad de renovación, y la chica ha sido elegida por la empresa por meritos propios. María José Álvarez no es la directora de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Junta, que ha sido quién ha enviado a Bibiana Villalta como aspirante a la plaza.
¿Cómo es posible que la asesora no conste en la relación de puestos de confianza ni tenga despacho propio?
En el decreto de nombramiento de Patricia Alba, el número 5650/2007, se especifica que la afectada "no trabaja para ningún órgano de la Diputación Provincial", ya que los grupos políticos "no son órganos de la Diputación y no pueden tener ningún cargo de confianza". En la denuncia se argumenta que en la Administración local de las diputaciones provinciales regulada por la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 estos grupos no son órganos de gobierno. Por ese motivo el nombramiento sería "nulo de pleno derecho", según Manchado, que apunta que la citada ley "prohíbe expresamente que se utilice dinero público para cargos que no son de la Administración Pública".
"Si el PSOE como partido político, como grupo municipal o grupo político quiere pagar a la señora Alba por los servicios prestados, que le pague de los fondos de dicho partido político, pero no puede permitir subterfugios ilegales para que se le pague con dinero público de todos los malagueños", agregaba el ex portavoz socialista en Alhaurín de la Torre.
En la denuncia se precisa que Patricia Alba, "supuesto cargo de confianza del presidente de la Diputación, no tiene ningún despacho asignado en la Diputación, en la Presidencia, ni órgano de la misma". Alba "tampoco presta servicios de asesoramiento o cargo de confianza al presidente de la Diputación, por lo que cabe suponer que no trabaja para la Diputación".
Por todo ello Manchado pidió a la Fiscalía una investigación, «por si se estuviera utilizando presunta e ilícitamente fondos públicos para pagar a estos cargos de confianza que trabajan para un partido político». La institución provincial deberá ofrecer ahora información detallada sobre sus contrataciones al Ministerio Público.