Segundo fracaso del PP en el Congreso de los Diputados a fin de regular por ley orgánica el sistema de telecomunicaciones SITEL. Aunque gana adeptos -CiU le apoya- y la mayoría de grupos muestra sus reticencias, el pleno ha rechazado la propuesta del principal partido de la oposición de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incrementar las garantías jurídicas en la interceptación legal de las comunicaciones.
“En materia de derechos fundamentales el barco es de todos, todos vamos en el mismo barco jurídico, en el que si se ahoga un solo ciudadano, nos ahogamos todos”, aseguró desde la tribuna de oradores el vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, quien, dirigiéndose a los diputados socialistas, les expuso “un ruego y un deseo”: que “cuando llamen a nuestras casas de madrugada sea siempre el lechero y cuando se nos corte una llamada sea siempre porque no hay cobertura”.
Sin embargo, y a pesar de la vehemencia de Pons, la iniciativa del PP sólo ha contado durante el debate con el apoyo de CiU, que considera que el actual marco normativo es "claramente mejorable" si se quiere "proteger a la ciudadanía".
Las claves de la propuesta del PP
En su proposición de ley, el PP planteaba que no se puedan grabar las conversaciones entre abogado y cliente salvo que haya claros indicios de delito. El texto propone también que el juez sólo pueda decretar la interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o electrónicas cuando exista constancia de delitos graves y datos objetivos de que las grabaciones son necesarias para descubrir circunstancias relevantes en la investigación, informa EFE.
“Es el momento de quitarle el polvo a una Ley de Enjuiciamiento Criminal que fue redactada en el siglo XIX cuando no existía Internet ni teléfonos móviles”, continuó el parlamentario popular, que cosechó el aplauso de los suyos. Además, alertó de que la actual tecnología de interceptación de las comunicaciones es “cada vez más poderosa frente a la libertad y la intimidad de los ciudadanos”.
CiU respalda al PP, el resto no
En contra de la iniciativa se han expresado todos los portavoces parlamentarios, salvo Jordi Jané, de CiU, que ha aclarado que su apoyo a la propuesta del PP no cuestiona la legalidad del sistema SITEL, ni tiene como objetivo sembrar dudas sobre la actuación de policías, jueces y fiscales.
No estuvo de acuerdo, tal y como informa EFE, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, quien se mostró convencido de que lo que preocupa realmente al PP no es una “inusitada defensa” de los derechos de los ciudadanos, sino el caso Gürtel, en el que están implicados cargos populares. Dicho esto, cabe recordar que Génova siempre ha puesto especial acento en que esta propuesta en nada tiene que ver con la trama corrupta, si bien reconocen que “varias conversaciones telefónicas fueron realizadas de forma muy sospechosa”.
“Intentar convencernos de que esta iniciativa no tiene nada que ver con Gürtel no cuela”, ironizó Hernando, que considera que el PP sólo pretende sembrar dudas sobre la autenticidad de las “sonrojantes” conversaciones interceptadas en este caso de corrupción “No es SITEL, es Gürtel”, sentenció.
Izquierda Unida y, en menor medida, el PNV también se postularon en contra del PP. En el caso de los nacionalistas vascos, eso sí, su portavoz Emilio Olabarria dijo compartir los argumentos esgrimidos por Pons, pero mostró sus dudas sobre”"la bondad de sus intenciones”. Llegó a vincular su rechazo a su actitud con “el PNV en Álava”.