En la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 99, Jesús Cardenal ha vuelto a insistir en la necesidad de que la Audiencia Nacional asuma todas las modalidades de violencia urbana. A esta propuesta le suele seguir la siguiente respuesta: “la violencia callejera debe juzgarla el juez del lugar”. Quizá, lo que haya que plantearse es si ese juez del lugar podrá actuar con las máximas garantías.
Sin entrar en valoraciones, es un hecho constatado que en el País Vasco, los jueces vascos son minoría. Algunos lo justifican porque los jóvenes que provienen de zonas industrializadas del norte no optan por la oposición.
Otra realidad es que muchos de los magistrados que tienen plaza en el País Vasco, la ocupan por imposición: es un ascenso obligado al que no se pueden negar, si no es mediante una excedencia.
También es cierto que los jueces destinados en el País Vasco no cuentan con las medidas de seguridad de la Audiencia Nacional. En este tribunal, todos los jueces y fiscales cuentan con escolta y coche blindado; en el norte, no. Los medios técnicos disponibles para perseguir la delincuencia tampoco son iguales la Audiencia Nacional y en los juzgados del norte; sin olvidar los medios humanos: no sería la primera vez que escuchamos quejas por una actuación de la Ertzaintza, que podría ser sensiblemente mejorable.
Mientras una minoría de violentos puedan atemorizar a un juez y éste no disponga de todos los mecanismos para responder, nadie podrá llevarse las manos a la cabeza por la propuesta de Cardenal. Los propios jueces afectados podrían responder a esta cuestión, ante el CGPJ. Pero eso sí, con voto secreto.
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