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La curiosa "generosidad" del Gobierno

La firmeza del Gobierno ante lo que se ha dado en llamar “crisis del petróleo”, incluso ante las protestas y reivindicaciones de determinados sectores, parece reducida a la negativa a rebajar los impuestos que graban la gasolina. Los argumentos tienen apariencia de seriedad cuando se alude a que la rebaja sería un signo de debilidad ante los precios marcados por la OPEP, menos cuando se recuerda que las tasas son inferiores a la mayoría de los países europeos (como nos descuidemos, los impuestos sobre los hidrocarburos van a terminar siendo los únicos en los que España grave menos que el resto de la Unión), y nada cuando se especula con los efectos inflacionarios del precio de los carburantes ya que no hay modo de entender que, de un precio total, sólo una parte resulte inflacionista. De todos modos, el requerimiento para que se reduzcan estos impuestos tiene un carácter menos coyuntural que el que el Gobierno quiere dar a entender al sostener su negativa. No se trata sólo de paliar un alza coyuntural, sino de limitar la voracidad recaudatoria del Gobierno con los impuestos indirectos, y en concreto con éstos.
Lo sorprendente, sin embargo, es que la firmeza se reduzca a ese punto. En los demás, el Gobierno (por boca de sus ministros y muy especialmente por el titular de Agricultura y Pesca) se presenta ante los ciudadanos adornado de una “generosidad” singular, como si administrara su dinero particular y no el presupuesto público que se nutre de las aportaciones de los contribuyentes. La última manifestación de esta beatífica actitud se ha cifrado, para contentar a la mayoría de las organizaciones agrícolas, en 50.000 millones. Una compensación, no hay que olvidarlo, para un sector gravemente intervenido y subvencionado hasta la desfachatez. La política de subsidios agrícolas busca entre nosotros un efecto cosmético, es decir, se convierte en una suerte de colchón que retrasa la necesaria reestructuración de una producción que ocupa a un número excesivo de personas (tanto comparándola con la productiuvidad como con otros países occidentales) y evita así que, al menos temporalmente, el excedente laboral pase a las listas del paro.
Todas estas compensaciones son pagadas por los contribuyentes, no por la generosidad del ministro Arias Cañete y sus compañeros de Gobierno. Es decir, aquellos que no tienen ninguna compensación por el alza del precio de la gasolina, incluso cuando se este carburante se convierte en necesario para su trabajo, pagan la factura en detrimento de su economía y de sus iniciativas particulares.
¿Por qué unos pagan y otros reciben? Seamos sinceros: porque los que cobran tienen capacidad de presión, porque salen a la calle y la paralizan, porque bloquen los centros de distribución o los puertos. No hemos visto ninguna firmeza ante las reiteradas escenas de presión en los mercados, ante la paralización de las lonjas o la destrucción del pescado, ante el bloqueo de los puntos neurálgicos de la distribución de gasolina (incluso cuando, como en Barcelona, conducen a un peligroso desabastecimiento). Todo esto pasará, no hay duda. Si el Gobierno mantiene su política “benefactora” llegará a acuerdos con transportistas y pescadores, fijará los precios de unos, compensará a otros, sostendrá el absurdo de que hay sectores a los que les resulta metafísicamente imposible afectar los costes al precio, pagará y se hará la calma. Y los paganos no podrán más que protestar en privado porque no pueden paralizar el país y excitar una generosidad mejor repartida.

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