"Catalanizar los juzgados". Así llaman tanto la consejería de Justicia de la Generalitat como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un disparatado plan para imponer el catalán en la Administración de Justicia. 40 juzgados, con la anuencia de la mitad de la plantilla y un millón de pesetas no se sabe muy bien para qué, utilizarán el catalán únicamente salvo en el caso de que el ciudadano pida expresamente la "versión" en castellano. A esto lo llaman también normalización; incluso "normalidad", lo que ya es desfachatez.
Como se ve, el bilingüismo no es una posibilidad y un derecho de los ciudadanos. Lo importante es imponer la lengua autonómica. El derecho al uso del castellano, que es lengua oficial en Cataluña y la única en la Administración de Justicia, ¡tiene que ser solicitado! Cuando cosas así ocurren con la colaboración de las más altas instancias de la judicatura en Cataluña, que debería ocuparse más de los derechos individuales que de las relaciones públicas con la Generalitat, vamos aviados.
El uso del castellano en los juzgados en un derecho que no puede condicionarse a una petición expresa ni someterse ni a planes lingüisticos, ni a la cosmética del Tribunal Superior, ni a la votación de los funcionarios.
Lo paradójico, y en lo que se debería reflexionar, es que cada plan de "catalanización" que se le ocurre a la Generalitat está siempre en contra de los derechos individuales.
Catalanizacion versus Libertad
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