La denuncia de la Unión Europea contra los dos colosos tabaqueros norteamericanos tiene, sin duda, miga. Se les acusa de tráfico ilícito, vulgo contrabando, pero no se explica por qué.
La pregunta que seguramente se harán los tribunales norteamericanos es si estas compañías han facilitado, promovido, impulsado o sugerido, la venta ilegal de sus productos por personas que ni pagan los impuestos legales ni se someten a la legislación vigente de los países donde supuestamente se produce este tráfico.
¿Basta con fabricar un determinado producto, cuya venta puede realizarse a través de canales ilícitos, para convertir al fabricante en contrabandista? Por ejemplo, si en determinados países se vendiera el aceite de oliva español de forma ilegal ¿se convertirían por ello en contrabandistas los fabricantes de esta sustancia? ¿O lo serán precisamente quienes se encargan de venderla localmente a través de circuitos clandestinos y haciendo mangas y capirotes de la legislación nacional?
En el caso de Philip Morris y de RJ Reynolds, los cigarrillos han sido fabricados legalmente y la marca responde por la idoneidad de los componentes y la calidad del producto, pero en modo alguno de los sistemas de distribución y venta, legales o ilegales.
Otra cosa diferente sería que las dos marcas fabricasen exclusivamente para la venta ilegal (hay tabaqueras que lo hacen) y promoviesen el tráfico ilegal de sus productos, algo que no está en absoluto probado y que en último término la Comisión Europea deberá probar.
Todo indica que este nuevo rifirrafe euro-americano se enmarca en una batalla de mayor alcance que afecta al comercio en general y a la entrada de los productos europeos en Estados Unidos y de los americanos en Europa. Mézclese todo ello con la campaña anti-tabaco promovida por los gobiernos y así se explica esta curiosa denuncia. Que traerá cola.
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