Una vez más, Chile es sometido a la brutal experiencia de que las autoridades estadounidenses lo informen oficialmente de que ha sido objeto de espionaje e intervención en sus asuntos internos. Se le reitera a nuestro país y al mundo que la CIA y otras instancias de los Estados Unidos no sólo observaban los hechos políticos chilenos en 1970 y los años anteriores y posteriores, sino que, con la mayor naturalidad, buscaban incidir en ellos, dirigiéndolos en un sentido u otro, según lo estimaran conveniente para sus intereses.
Esa intervención no conocía límites ni se sometía a las normas de moral ni derecho que se postulan como sagradas para la vida pública estadounidense. El orden jurídico chileno es simplemente ignorado, como si no existiera. Y, por cierto, esa intervención no tenía en la más mínima consideración los principios de no injerencia en asuntos internos de terceros países ni de soberanía de éstos ni de autodeterminación, que se invocan como pilares del orden jurídico internacional... cuando coinciden con los intereses de las potencias.
Además del atropello que constituye el hecho mismo de la intervención y del espionaje que se admiten con toda desinhibición, la "desclasificación" de documentos de la CIA y otros entes es una burla también en cuanto a su forma. No se abre acceso a toda la información así recolectada, sino sólo a aquélla que los interesados estiman útil para sus fines, cualesquiera ellos sean.
Se seleccionan ciertos documentos, pero es presumible que se omiten muchos otros, de los que nada se sabe por ahora, y que, eventualmente, darían un alcance distinto a los que se publican. Peor aún, los que se dan a conocer han sido sometidos a censura previa, al arbitrio de sus poseedores, de modo que muchos nombres, cifras, datos, líneas y párrafos completos han sido tachados. Lo que se entrega es lo que las agencias estadounidenses desean que los chilenos crean. Nada más. Los afectados no pueden comprobar si lo publicado ha sido sacado de contexto, o en qué grado lo ha sido. Ni siquiera pueden comprobar si lo que se publica son documentos auténticos y originales.
Sin embargo, esos documentos comprometen honras, siembran desconfianzas, reavivan rencores, alientan mayores divisiones entre chilenos. En suma, con ellos se interviene, una vez más, en los asuntos internos chilenos.
Judicialmente, en Chile, carecen de todo valor probatorio. Ningún tribunal podría, con respeto al derecho, considerar esos documentos como prueba inculpatoria o exculpatoria. Es norma elemental de interpretación de la ley y de ponderación de la prueba que no puede una parte invocar sólo lo favorable de un texto e ignorar lo que le es adverso del mismo, como lo hacen las autoridades estadounidenses al elegir ciertos documentos y ocultar otros, y al tachar lo que estiman pertinente de los que entregan. Cuando más, lo resultante puede servir de material para investigadores e historiadores, que intenten establecer cuánta verdad contengan, si alguna.
Frente a esta reiterada intervención, era esperable observar en el gobierno chileno una actitud que, al menos, la repudiara como Estado soberano. Que demandara explicaciones diplomáticas por todo lo obrado. Que pidiera clarificación en cuanto a si esa intervención que ahora se proclama continúa ejerciéndose también hoy. Que exigiera seguridades de que no está ocurriendo otro tanto en nuestros días. Que rechazara, firmemente y en su totalidad, estos procedimientos y el espurio producto que de ellos deriva.
Por desgracia, en vez de eso, el gobierno de la Concertación se apresura a ordenar una traducción por la Cancillería y se precipita a anunciar que traspasará a los tribunales todo cuanto parezca tener caracteres de delito. Esto es, otorga una suerte de aval moral al espionaje contra Chile y contra chilenos de todas las corrientes. Da por merecedora de consideración oficial y aun judicial los datos que de él resultan.
Tal vez, algunos sectores de la Concertación crean que hoy les conviene políticamente coincidir con un funcionario estadounidense, según el cual con esto "se empieza a reescribir la historia de la dictadura". Nada sería más equivocado. Los mismos atentados contra la soberanía que hoy se toleren pasivamente contra un sector mañana se volverán contra otros sectores.
El espionaje, la intervención en asuntos internos, la "desclasificación" parcial y dirigida lesionan a todo el país, no sólo a algunos. Por eso son inadmisibles, por principio, en toda circunstancia, y sería deber elemental del gobierno declararlo inequívocamente así, ahora.
© AIPE
Sergio Fernández es Senador chileno. Artículo originalmente publicado en el diario La Tercera.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro