Lo peor de la decisión que ha adoptado este lunes el Supremo es su previsibilidad; ocurrió en el juicio por el secuestro de Marey y ha vuelto a suceder en esta ocasión, los magistrados han votado lo que de ellos se esperaba. Esta claro que cuando en el alto Tribunal entra un asunto político los jueces se alinean de tal forma que es muy fácil adivinar sus posiciones.
El “caso Gómez de Liaño” hace tiempo que dejó de ser una cuestión judicial: de un lado y de otro, los miembros de la Sala Segunda han hecho aflorar los peores sentimientos de venganza, odios y resentimientos, con los que se podría escribir una novela barata. La “puntilla” la ha puesto este lunes uno de los jueces que ha votado con la mayoría, Andrés Martínez Arrieta. Estuvo casado con María Dolores Márquez de Prado, actual mujer de Gómez de Liaño. Los dos tienen pendiente una apelación en los tribunales por cuestiones relacionadas con los hijos de ambos.
Es cierto que la reunión de este lunes era una Sala General en la que Martínez Arrieta no tenía obligación de abstenerse; pero, como mínimo, este juez podría haberse puesto “elegantemente enfermo” para no tener que pronunciarse sobre un asunto que directa e indirectamente está causando tanto daño a su familia.
Desde este lunes el Gobierno –si es que aún tuviera dudas– puede ver su gran asignatura pendiente en materia de Justicia: el Supremo es hijo del CGPJ y tan político es uno como el otro; en este caso el Ejecutivo ha resultado perdedor. Y no hay que olvidar que este viernes los tribunales podrían volver a castigar al PP. La Audiencia Nacional tiene que decidir si suspende o no de forma cautelar las licencias de telefonía móvil de tercera generación, concedidas por el Gobierno. Al parecer, “un pequeño paquete de acciones” de un miembro de la Sala podría suspender la reunión. Los jueces del siglo XXI también juegan en Bolsa.
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