En los últimos diez años, en América Latina se han realizado una serie de reformas económicas que suelen ser catalogadas por sus críticos como “neoliberales”.
Muchas veces se ha discutido la aplicación de ese apodo, siendo que la palabra “liberalismo” alude a una determinada filosofía política y no a una política económica. Por supuesto que incluye tal cosa, como bien lo señaló Ludwig von Mises en su obra titulada “Liberalismo”. Pero ese mismo libro muestra que se trata de una concepción mucho más amplia y Mises comienza su análisis no con cuestiones económicas sino con otras de carácter político y filosófico.
Entre estas destaca la importancia del papel que cumplen las limitaciones impuestas al Poder Ejecutivo y el acatamiento que éste debe cumplir con respecto a las normas que regulan su funcionamiento. Ya que si el poder está sujeto a las preferencias del gobierno de turno, corren peligro los derechos de los ciudadanos.
La división de poderes, la rotación en los cargos públicos, la publicidad de los actos de gobierno y otros fueron mecanismos ya propuestos por autores como Montesquieu, Locke y los “padres fundadores” de la Constitución norteamericana para lograr tales objetivos.
No obstante, el afán reformista de muchos gobernantes latinoamericanos los ha llevado a menospreciar estos principios, volviéndolos letra muerta, todo con la excusa de la apremiante necesidad de los cambios a realizar. Es más, en muchos casos resulta absurdo incluir tales reformas bajo el rótulo de “liberales”, ya que se trata de la venta de privilegios monopolistas, protecciones y otras ventajas contrarias a la igualdad ante la ley y a la libre competencia en el mercado.
Pero al margen de este último punto y aún si se tratara de verdaderos objetivos liberales, los procedimientos utilizados nos hacen cuestionar si la importancia de los cambios a realizar justifica el daño a largo plazo que se le hace a las instituciones democráticas. Y no han sido solamente los gobiernos latinoamericanos los que han usado y abusado últimamente de la emisión de decretos de “necesidad y urgencia” (en Argentina) o “disposiciones especiales” (en Brasil), sino que cuentan con el apoyo de organismos internacionales, buena parte de cuyos funcionarios provienen de “democracias asentadas y estables” con claro respeto por los mecanismos constitucionales.
Argentina es un ejemplo reciente. Como parte de un conjunto de reformas que el gobierno de Fernando de la Rúa quería instrumentar para así recibir el paquete de apoyo financiero de los organismos internacionales que le permitiera evitar una cesación de pagos de la deuda externa, se decidió modificar el sistema de seguridad social.
Una reforma de este tipo afecta a toda la ciudadanía y como el Congreso se resistía abiertamente a considerar esos cambios, el gobierno decidió hacerlos por medio de un decreto especial que permite modificar una ley sin la debida sanción legislativa. Posteriormente es necesario lograr una mayoría en el Congreso para derogarlo. Como parte del mismo grupo de medidas, el gobierno decidió también abrir el sistema de seguros de salud a la competencia con el sector privado, un coto hoy en manos monopólicas de los sindicatos.
Por supuesto que esta última medida es positiva en cuanto a que aumenta las posibilidades de elección de los individuos, pero la forma en la que se realiza no solamente ha generado demandas judiciales que hoy traban su aplicación, sino que degenera en un deterioro de las instituciones, algo que termina haciendo más daño que bien la mejora puntual lograda.
Una funcionaria del Banco Mundial, canadiense y graduada de MIT, Mirna Alexander, fue interrogada acerca de la manera como se está implementando la desregulación. Su respuesta fue: “No sé si es mejor por decreto o por ley. Para nosotros la forma de instrumentarla no es tan importante, si el instrumento es eficaz está todo bien”.
Pues con ese mismo argumento bien podría decirse que un régimen militar en el pasado aplicó un instrumento “eficaz” para eliminar la subversión. Se trata del viejo y peligroso cuento que el fin justifica los medios. Y no hay que saber mucha historia para darse cuenta las tragedias que esa manera de pensar ha causado.
© AIPE
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires del servicio de prensa AIPE.
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